Temas de Interés
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Una reseña de las estrategias de protección social en el Caribe*
Desde el año 2000, países Caribeños han estado trabajando hacía los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, al no existir un enfoque o lineamiento en común, los países han desarrollado planes individuales. En Trinidad y Tobago, por ejemplo, la realización de los ODM es parte de la VISION 2020 del gobierno como un plan más amplio para lograr una categoría de país desarrollado para el 2020. El Caribe difícilmente tendrá éxito en sus planes de desarrollo sin considerar la protección social que incluye la amplitud de políticas, servicios e instituciones diseñadas con el fin de disminuir y controlar riesgos mientras protegen a los individuos y grupos que enfrentan vulnerabilidades particulares.
De hecho, actualmente la protección social es un tema de gran interés, y es una estrategia crítica para el desarrollo que protege a los ciudadanos más vulnerables mientras los prepara para enfrentar riesgos inminentes. Un gobierno al invertir en un sistema sólido de protección social protege efectivamente al mismo país. Dentro del contexto de la crisis económica actual, esto es particularmente importante dado que existe la posibilidad de que los avances previos sean debilitados por la crisis. Esto es, que aquellas economías y poblaciones más vulnerables serían las más gravemente afectadas.
Aunque existe mucha investigación sobre protección social en Latinoamérica y el Caribe, ésta aún no atiende las vulnerabilidades peculiares del Caribe. Esto no implica que hay pocas vulnerabilidades en el Caribe. Al contrario, se reconoce que la región es especialmente vulnerable. Algunas de ellas incluyen:
- Tamaño pequeño.
- Niveles relativamente altos de crímenes violentos y narcotráfico.
- Vulnerabilidad a los desastres naturales.
- Economías pequeñas y vulnerables a conmociones macroeconómicas.
- Prevalencia mayor de VIH/SIDA.
- Desempleo, especialmente de la juventud.
- Migración externa.
- Un sector informal en crecimiento.
Como respuesta, varios programas sociales existen en cada país. No obstante, es cuestionable si realmente tienen el impacto deseado. Evaluaciones de los sistemas de protección social del Caribe generalmente están de acuerdo en cuanto a las principales debilidades y áreas que requieren ser mejoradas tales como: la falta de coordinación y mecanismos deficientes de monitoreo y evaluación. Se puede sugerir que estos problemas provienen de la ausencia de un sistema o marco integral de política social que ofrezcan la orientación necesaria para los servicios actuales.
Los países Caribeños podrían aprender de algunos países Latinoamericanos que han podido progresar con sus sistemas de protección social. Una de las herramientas específicas utilizadas recientemente es el de Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE) que implica la transferencia de dinero en efectivo a familias en la pobreza (extrema) como un incentivo para acciones positivas diseñadas a mejorar el capital humano a través de la atención de la salud y asistencia a la escuela niños en edad escolar. Algunos de los programas más notables son Bolsa Familia de Brasil, Puente de Chile, y Oportunidades de México. Jamaica fue el primer país Caribeño en establecer tal mecanismo con su Programa de Progreso a través de Salud y Educación (PATH), establecido por el gobierno en el 2001 para mejorar la focalización de beneficios de asistencia social a los pobres y fomentar el desarrollo humano. Estos programas de TCE generalmente han sido exitosos en mejorar la situación de nutrición y salud, asistencia y desempeño escolar. Pero es importante resaltar que se trata solamente de una herramienta . No se trata de una política social en sí, si no un mecanismo que apoya y facilita la política social de un país.
La filosofía fundamental que ha facilitado el éxito de programas en Brasil y Chile, por ejemplo, es el enfoque basado en los derechos, que reconoce que como ciudadanos todos deberían disfrutar de derechos sociales y económicos básicos. Por lo tanto, el estado está obligado a garantizar que los servicios necesarios se encuentren establecidos para asegurar estos derechos. Tal enfoque es particularmente relevante para abordar la pobreza y la vulnerabilidad porque asegura que se les da prioridad a los más vulnerables. Es más, sirve como lineamiento para la entrega de servicios sociales, racionalizándolos efectivamente y asegurando que contribuyan directamente a lograr los objetivos más amplios de la política social. Sin embargo, un desafío clave en implementar tal enfoque es adquirir el apoyo y compromiso político para garantizar que sobreviva a los cambios en el poder político en el tiempo.
Julie Nurse
Experta Invitada
Especialista
Departamento de Desarrollo Social y Empleo
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