22 de Abril de 2018
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Colección: Tendencias para un futuro común
Autor: Bernardo Kliksberg
Título: La situación social de América Latina y sus impactos sobre la familia y la educación

V. Algunas conclusiones

A inicios del nuevo siglo, el destino de las naciones aparece cada vez más ligado a la calidad de su población. Los niveles de salud, educación, cultura, participación, de los habitantes de un país, son decisivos para la existencia de democracias estables, la obtención de un desarrollo sostenido, la preservación del medio ambiente, el crecimiento cultural. Así lo evidencia el escenario histórico de los últimos 50 años. Los países que han invertido más en su población y lo han hecho de modo sostenido, convirtiendo áreas como salud, educación y cultura en una verdadera política de Estado, son los que en la mayoría de los casos han alcanzado crecimiento económico y progreso tecnológico más sostenidos, elevados indicadores de desarrollo humano, democracias activas, maduración cultural. Cuidar su población les ha permitido avanzar en el camino de un desarrollo integrado. Se mencionan con frecuencia, como referencias significativas de ese orden de desarrollo, los casos de países que encabezan las estadísticas mundiales en lo económico y lo social como, entre otros, Canadá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Israel, y otros. En todos esos países, estuvieron entre las estrategias centrales que trataron de implementar, la protección y desarrollo de la familia, y la inversión continuada y creciente en educación.

Hacia el Siglo XXI las exigencias históricas en cuanto a contar con una población sana y calificada, serán crecientes. Como lo señala Thurow (1996), será un siglo “conocimiento intensivo”. La capacidad para generar, absorber, y manejar conocimiento, será cada vez más la clave de los procesos productivos. Las industrias de punta como comunicaciones, informática, biotecnología, ciencia de la información, robótica, y otras, están basadas en conocimiento. En un siglo que se anuncia como fundado en el conocimiento, y donde seguirán produciéndose cambios acelerados en el mismo, los niveles de salud física y psicológica, y los grados de formación de la población, serán decisivos en la capacidad de los países de insertarse en este contexto en explosión tecnológica. La productividad, el progreso técnico, la posibilidad de ubicación exitosa en la economía globalizada, estarán ligados al capital humano de que disponga una sociedad.

Como se ha señalado, las unidades familiares y los sistemas educativos son estructuras fundamentales en la modelación de la “calidad población” de un país. La familia, como se vio, incide en aspectos tan sustanciales como, entre otros: el patrón de valores, indicadores básicos de salud, la inteligencia emocional, los estilos de pensamiento, y afecta fuertemente la performance educativa. Por otra parte, los grados de acceso a las diferentes etapas del sistema educacional, y la calidad de los procesos de aprendizaje en los mismos, definirán aspectos centrales del nivel de calificación de la población.

La pobreza y la inequidad latinoamericanas están golpeando fuertemente estas estructuras, pilares de la sociedad democrática y, a través de ello, están causando graves daños económicos, sociales y políticos a la región.

Los desequilibrios y costos que ello genera recorren múltiples planos. La región accede al Siglo XXI con una mano de obra muy débilmente preparada. Thurow (1998) resalta: “Actualmente, para poder estar en el nivel necesario y poder competir en el mundo, un trabajador debe tener al menos 3 años de educación postsecundaria. Si no los tiene es un discapacitado laboral. El surgimiento de las grandes industrias del futuro está basado en la capacidad intelectual de su fuerza laboral”. Ese cuadro contrasta duramente con el nivel de escolaridad promedio de la región, que se halla en los cinco años. Las dificultades familiares y las restricciones educacionales inciden asimismo, diariamente, sobre la productividad laboral. Afectan severamente aspectos básicos de la calidad de vida cotidiana de amplios sectores de la población, generando fuertes tensiones sociales. Son una fuente de pérdida de credibilidad en el sistema político. Llevan a un retraimiento de la participación en el mismo. La presencia de su acción negativa silenciosa puede observarse en infinidad de aspectos. La ilustra el peso que están ejerciendo en uno de los problemas, que hoy está alarmando en mayor medida a todos los sectores de las sociedades latinoamericanas, el ascenso de la inseguridad y la criminalidad.

Según los informes del BID (Notas Técnicas, y Buvinic, Morrison, Shifter, 1999), la tasa de homicidios de América Latina viene subiendo fuertemente. Ascendió más de un 44% entre 1984 y 1994. Es actualmente la segunda más alta del mundo. Hay en la región anualmente 22,9 homicidios por cada cien mil habitantes de población. La tasa más que duplica al promedio mundial, que es de 10,7. Sólo el Africa subsahariana tiene una tasa más elevada. Muchas de las ciudades de la región son consideradas, actualmente, ciudades inseguras. Las tasas de homicidios de algunas multiplican muchas veces el promedio mundial. Las ciudades con mayores tasas son: Medellín, con 248 homicidios cada 100.000 habitantes, Cali 112, Guatemala 101,5, San Salvador 95,4, Caracas 76, Río de Janeiro 63,5, Bogotá 49,2, y Sao Paulo 48,5. En México los robos violentos se triplicaron entre 1990 y 1996. En esa capital, en 1990, se robaban 40 automóviles diarios. En 1996, la cifra pasó a 157 automóviles diarios.

La criminalidad y la violencia causan daños de todo orden, pero además tienen ingentes costos económicos para las sociedades. Naciones Unidas estima que el Brasil pierde anualmente, a causa de la violencia, cerca del 10% de su Producto Bruto, 80.000 millones de dólares. Según un estudio del Instituto de Estudios Religiosos y el BID (1999), la violencia le cuesta a Río de Janeiro 1.100 millones de dólares anuales, de los cuales 500 se utilizan en atender a las víctimas de asaltos y enfrentamientos con armas de fuego.

La criminalidad latinoamericana tiende a tener un definido carácter de “criminalidad juvenil”. Gran parte de los delitos son perpetrados por jóvenes. Las investigaciones sobre las causas de la misma, identifican múltiples factores de diversa índole.2 Entre ellos, destacan claramente el tipo de familia a que pertenecen los jóvenes, el nivel educativo que tienen, y su grado de inclusión en el mercado laboral.

Como se ha visto ya anteriormente, la familia es una de las principales posibilidades que tiene una sociedad para la prevención del delito. Si es, como está sucediendo en amplios sectores de la región, la unidad familiar se presenta desarticulada y precaria ante el embate de la pobreza y la inequidad, la sociedad está perdiendo el papel que podría jugar la familia en este campo.

Se ha observado en la región, e internacionalmente, una clara correlación entre grado de educación y criminalidad. Como tendencia, desde ya con sus excepciones, se considera que al aumentar el nivel educativo se reduce el delito. En América Latina, vastos contingentes de niños quedan, en los hechos, excluidos del sistema educativo al poco tiempo de iniciarse en el mismo.

La debilidad del núcleo familiar que, entre otros aspectos, empobrece el rendimiento educativo del niño y su “capital social” (red de contactos, pertenencia a asociaciones, etc.), y la falta de preparación, son dos factores que van a contribuir a que tenga limitadas posibilidades en un mercado de trabajo caracterizado por altas tasas de desocupación. Sus chances en el mismo son limitadas.

En definitiva, se van conformando en muchos países de la región contingentes masivos de jóvenes de débil base familiar, excluidos del sistema educacional y del mercado de trabajo. Anomia y exclusión social son claramente factores de riesgo en cuanto a la asunción de conductas delictivas.

¿Son enfrentables el conjunto de problemas identificados? ¿Es posible encarar de modo concreto las debilidades que presentan las dos grandes estructuras formadoras de los recursos humanos de la región: familia y educación?

No es admisible ninguna declaración de impotencia al respecto; América Latina, tiene enormes recursos potenciales de carácter económico y una historia plena de valores como para encarar problemas de este orden. Cuenta actualmente, asimismo, con un logro de gigantescas proporciones, la democratización de la región. Este desafío tiene que ser prioridad para las democracias establecidas en toda la región, con tantos esfuerzos y luchas de la población. Es lo que se espera de un sistema democrático.

Amartya Sen (1981) ha identificado cómo las grandes hambrunas masivas de este siglo se han producido bajo regímenes dictatoriales. En cambio, en la democracia, la presión de la opinión pública, de los medios, de diversas expresiones de la sociedad organizada, obligan a los poderes públicos a prevenirlas.

Los Estados y las sociedades latinoamericanas se deben proponer amplios pactos sociales para fortalecer la familia, y mejorar la situación educativa.

Las políticas públicas en la región deben tomar debida nota de la trascendencia de los roles que juega la familia y actuar en consonancia. En el discurso público usual en América Latina se hace continua referencia a la familia, pero en la realidad no hay un registro en términos de políticas públicas. Son limitados los esfuerzos para montar políticas orgánicas de protección y fortalecimiento a la unidad familiar, agobiada por el avance de la pobreza y la inequidad. Existen numerosas políticas sectoriales, hacia las mujeres, los niños, los jóvenes, pero pocos intentos para armar una política vigorosa hacia la unidad que los enmarca a todos, y que va a incidir a fondo en la situación de cada uno, la familia.

La política social debería estar fuertemente enfocada hacia esta unidad decisiva. Es necesario dar apoyo concreto a la constitución de familias en los sectores desfavorecidos, proteger detalladamente los diversos pasos de la maternidad, respaldar las sobreexigencias que se presentan a las familias con problemas económicos en los trances fundamentales de su existencia, darles apoyo para erradicar el trabajo infantil y sus niños puedan dedicarse a la escuela, desarrollar una red de servicios de apoyo a las mismas (guarderías, apoyos para ancianos y discapacitados, etc.), extender las oportunidades de desarrollo cultural, y de recreación familiar. Ello exige políticas explícitas, contar con instrumentos organizacionales para su ejecución, asignación de recursos, alianzas entre sector público y sectores de la sociedad civil que pueden contribuir a estos objetivos.

En el campo educacional se han hecho esfuerzos importantes, pero hay muchísimo que hacer frente a la magnitud de los déficits existentes. Por lo pronto, se requiere que la sociedad en su conjunto asuma la educación como una de las principales inversiones que un país debe realizar para cuidar su futuro y, por ende, se le dediquen los recursos correspondientes. A pesar de los avances, en numerosos países de la región el gasto en educación tiende a estar en el orden, o por debajo, del 4% del Producto Bruto. En algunos de los países que han “apostado” a la educación, de modo consistente, es muy diferente. En Noruega y Dinamarca es del 8,3%, en Israel el 9%, en Suecia el 8%, en Finlandia el 7,6%, en España el 6,2%. Se estima que los países desarrollados destinan 115.220 dólares, en promedio, para cubrir la formación de una persona desde el preescolar, hasta concluir sus estudios en la Universidad. En uno de los países más avanzados comparativamente, en la región, Argentina, la cifra es de 12.644 dólares. Ante realidades de este orden señala Birdsall (1994): “Los pobres han recibido un derecho - habrá educación universal. Pero sin recursos, la calidad de esa educación y, por consiguiente, el valor de ese derecho, se ha derrumbado”.

Se debe continuar extendiendo las posibilidades de ingreso al sistema educativo. Como se refirió, la participación en preescolar, particularmente de la población humilde, es muy reducida. En primaria todavía quedan sectores significativos, particularmente en las zonas rurales, que deben ser incorporados. En algunas de las áreas rurales sigue habiendo un sesgo discriminatorio hacia las niñas. En Guatemala, por ejemplo, en las áreas rurales muchas niñas no llegan a la escuela, y dos de cada tres que la inician, abandonan antes de completar el tercer grado. El 60% de la población femenina del país es analfabeta.

Las políticas públicas deben encarar vigorosamente el problema de la inequidad en la calidad de la educación impartida. Una estrategia maestra, para ello, es el fortalecimiento de la escuela pública. Debe jerarquizarse a los maestros, ejes de cualquier proceso de avance, revisar curriculums, mejorar los medios didácticos y la infraestructura. Se requiere conformar una verdadera profesión docente, con salarios adecuados, oportunidades de crecimiento y capacitación, que pueda atraer a jóvenes valiosos. En diversos países de Europa Occidental, por ejemplo, los maestros ganan sueldos mayores a los sueldos promedio de la economía, indicando la importancia que se da a su trabajo. Puryear (1997) destaca, sobre la situación de los maestros en la región: “Se ha permitido el deterioro de la profesión docente. Los profesores de todos los niveles educacionales están generalmente mal formados, y peor pagados, y tienen pocos incentivos para la excelencia profesional y el perfeccionamiento. Los bajos salarios y las condiciones precarias han empeorado, particularmente el reclutamiento de nuevos profesores”. Germán Rama (1993) reconstruye cómo evolucionó la situación:

… formar un buen cuerpo de maestros para todas las escuelas y un buen sistema de orientación y supervisión, enmarcado el todo en una ética de la función del maestro en la sociedad, llevó en algunas sociedades un esfuerzo de medio siglo. Políticas de ajuste económico que, sin proponérselo intencionalmente, pauperizaron a los maestros, dejaron de mantener y construir locales escolares, y hacinaron a los niños, promovieron una profunda crisis de la profesión de maestro. Los mejores profesores buscaron ocupación en otra parte, los que quedaron se burocratizaron y dejaron de creer en lo que hacían – porque a través de las políticas públicas, se desvalorizó ese noble acto de enseñar a los niños – los jóvenes capaces no quisieron ir a formarse a los institutos normales y, en algunos países, es posible que en el futuro inmediato no haya jóvenes profesionales para sustituir a los antiguos, que se retiran o abandonan, y se vuelva a una enseñanza con maestros sin título.

¿Es imposible resolver estos problemas? Pareciera que sí existen vías efectivas para afrontarlos. En la misma región varios países han hecho esfuerzos continuados, con excelentes resultados. Costa Rica, país con recursos económicos muy modestos, ha considerado a la educación un gran proyecto nacional y una amplia concertación social apoyó su continuo fortalecimiento durante décadas. Tiene altos indicadores de rendimiento educativo. Entre otros aspectos, la calidad de sus escuelas fue uno de los principales factores que le ha permitido atraer, recientemente, inversiones tecnológicas de punta que saben que cuentan con un respaldo sólido en su sistema educativo. En 1997 modificó su constitución para introducir en ella una cláusula que obliga a los Gobiernos a invertir en educación no menos del 6% del Producto Bruto Nacional. Ello fue aprobado unánimemente por todas las fuerzas políticas. Uruguay, con significativos logros en educación está procurando, sin embargo, llegar a la universalización del preescolar para el año 2000. El Chile democrático elevó considerablemente los presupuestos para educación, fortaleció la profesión docente, subió los salarios de los maestros en términos reales en un 80%, desde 1990 a 1998, e inició una política sostenida de mejoramiento de la equidad en educación.

Poner en práctica políticas agresivas y sostenidas de familia y educación generaría, asimismo, una serie de círculos virtuosos positivos que derivarían de las interrelaciones entre ambas. Familias más fuertes influirán en un mayor rendimiento educativo de los niños en las escuelas. Mejores niveles de escolaridad llevarán a una reducción de la maternidad precoz. Los resultados pueden alcanzar dimensiones como las que han señalado diversos estudios, que indican que una de las más productivas inversiones que puede hacer una sociedad, es mejorar la educación de sus niñas. En América Latina se ha estimado que, agregando sólo un año de escolaridad a las niñas pobres, se reduciría la mortalidad infantil en un 9 por mil. A través de esa ampliación de su educación, se les estaría proporcionando un capital de conocimientos que les posibilitaría prevenir embarazo adolescente, manejar mejor el período preparto, el parto, la etapa posterior, y mejorar la gestión nutricional.

El peso de la pobreza y la inequidad sobre los sectores humildes de América Latina, está creando “situaciones sin salida” que es imprescindible enfrentar, a través de políticas como las referidas, y otras que aborden los planos trascendentales del empleo, la producción, y diversos aspectos económicos. Es inadmisible que puedan seguir operando “círculos de hierro” como el que capta un informe sobre la familia, de CEPAL (Panorama Social de América Latina 1997). Señala que “según el país, entre el 72 y el 96% de las familias en situación de indigencia o pobreza tienen padres con menos de 9 años de instrucción”. Ello significa que la pobreza lleva en la región a limitada educación, que a su vez conduce a formar familias cuyos hijos tendrán reducida escolaridad, lo que influirá en mantener destinos familiares de pobreza intergeneracionalmente.

Se podrá argüir que no existen recursos para llevar adelante políticas de familia y educación renovadas. Es necesario, desde ya, hacer todo lo posible para que los países crezcan, mejoren su productividad y competitividad, y se amplíen los recursos, pero al mismo se hace imprescindible mantener una discusión activa sobre prioridades. Este orden de discusión estimulará la racionalización en el uso de los recursos limitados. Al mismo tiempo, se deben ampliar los recursos convocando ampliamente a toda la sociedad a participar activamente de políticas fortalecedoras de la familia y la educación. Diversas sociedades avanzadas del mundo cuentan, en ambos campos, con grandes aportes de la sociedad civil y de trabajo voluntario. Por otra parte, experiencias como las antes citadas de países pequeños de la misma región, con recursos limitados como Costa Rica, y Uruguay, muestran que es mucho lo que se puede hacer, si las prioridades están claras.

Fortaleciendo la familia y la educación se está mejorando el capital humano de la sociedad, palanca del crecimiento económico, y el desarrollo social, y base de la estabilidad democrática, pero incluso, más allá de ello, actuar en esta dirección no es sólo mejorar un medio, hace al fin último de toda sociedad democrática. La familia es una base fundamental para múltiples áreas de actividad, pero es sobre todo un fin en sí mismo, y lo mismo sucede con la educación. Fortalecerlas es dar paso efectivo a las posibilidades de desarrollo de las potencialidades del ser humano, es dignificarlo, es ampliar sus oportunidades, es hacer crecer su libertad real.

Cada hora que transcurre en esta América Latina, afectada por los problemas sociales descriptos, sin que haya políticas efectivas en campos como estos, significará más familias destruidas, o que no llegaran a formarse, madres adolescentes, niños desertando de la escuela, jóvenes excluidos. La ética, en primer lugar, la propuesta de la democracia, y el ideario histórico de la región, exigen sumar esfuerzos, y actuar con urgencia para evitarlo.