24 de Septiembre de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (126-128) I,III
Año: 1997

4. En consecuencia, ¿Cree usted que la educación no sea una prioridad?

Estoy convencido que la educación es la prioridad nacional. Tal afirmación es quizás la frase más pronunciada en los últimos años, y con mayor énfasis en los meses precedentes a los procesos electorales. Asimismo, resulta ser, la frase más compartida y la que cuenta con el mayor consenso, tanto a nivel internacional como entre todos los sectores de la vida nacional de cualquier país. De hecho, la educación constituye el tema central de la agenda de la Cumbre de las Américas, de Santiago de Chile. A decir verdad, resulta difícil estar en desacuerdo con tal afirmación, sobre todo para aquellos que somos conocedores —de una manera u otra— de la alarmante y preocupante situación de la educación en nuestros países. Pero el problema ahora no es si estamos de acuerdo o no con lo acertado de la frase, o si en efecto es consensual la altísima preocupación que se tiene por el tema de la educación, o la cantidad de veces que ella se repite en el discurso. El problema radica fundamentalmente en lo demagógico que resulta insistir permanente y sistemáticamente a los ciudadanos de un país sobre tal preocupación —al punto de que ella se convierte en la consigna más electoralista que hayamos podido observar— cuando en la práctica es muy poco lo que se está haciendo que muestre efectivamente, que en realidad se le ha asignado o se le va a asignar la primera prioridad a este importante componente de cualquier estrategia de desarrollo. Para tener constancia de ello basta con observar el estado de las escuelas públicas, la calificación de los docentes, la distribución del presupuesto educativo, el papel de los gremios y sindicatos, los resultados estudiantiles o todos los indicadores de éxito versus los de fracaso.
Apostarle a la educación es la política de desarrollo más acertada que pueda existir en cualquier país y, precisamente son los países que lo han hecho los que en estos momentos están recolectando los frutos de tal decisión: desarrollo con crecimiento sostenido y bienestar social. Apostarle a la educación va más allá de asignarle mayores recursos y discursos; significa orientar todas las energías y los esfuerzos, y todos los recursos de que se dispone para formar ética y moralmente, así como profesional y técnicamente, a nuestros ciudadanos, que son, en definitiva, los únicos con quienes contamos para superar las crisis, explotar nuestros recursos y gerenciar productivamente nuestras instituciones y nuestras empresas, tanto públicas como privadas, y para desarrollar y profundizar la democracia como el sistema político que mejor permite armonizar los objetivos de hacer crecer sostenidamente nuestras economías, redistribuir mejor los ingresos y mejorar permanentemente nuestra calidad de vida. Esto pasa, por una parte, por cambiar el enfoque pedagogicista y economicéntrico que ha imperado en los últimos cuarenta años en la conducción de nuestros sistemas educativos, por otro más integral, más sociológico, que le asigne a la educación no sólo la responsabilidad de formar los recursos humanos que el aparato productivo requiere para su desarrollo, sino también la de crear ciudadanos ilustrados y pensadores independientes que puedan distinguir el bien del mal por sí mismos y que sepan vivir responsablemente en comunidad y para la comunidad.
Por otra parte, es también urgente cambiar la noción institucionalizada que se tiene en la administración de los fondos nacionales (presupuesto nacional) en cuanto a los recursos de inversión (obras públicas) y los destinados al mal llamado gasto social (educación, salud, nutrición, cultura, seguridad social, deportes, entre otros). Al considerar como un gasto las finanzas que se destinan a lo social y, muy particularmente, para educación, se le esta restando la importancia que ésta tiene en el desarrollo de un país y, en consecuencia, no se establecen los mecanismos ni las responsabilidades institucionales, políticas y sociales, necesarias para el control, la supervisión y la evaluación del uso de los recursos que se destinan a este campo. Por el contrario, se les maneja como una asignación del Estado, la cual cada año habrá que discutir, negociar y gastar para que, en el mejor de los casos, ésta no se vea reducida, como en efecto ha sucedido durante las últimas décadas con los presupuestos educativos.

Estoy totalmente de acuerdo con que es imperativo racionalizar el uso de los recursos en todo el sector público y, más particularmente, los que se destinan a la educación. La optimización y la eficiencia en su manejo no se discute. Pero, por puro eficientismo, ello no puede significar en ningún caso, la reducción sistemática de los recursos en un sector tan sensible y tan estratégico para el desarrollo de un país como es el sector educativo. En lo que hace a los presupuestos nacionales, la discusión debe centrarse en mecanismos para triplicar o cuadruplicar en el presupuesto la inversión en educación.

Sólo de esta manera una frase tan usada, tan vacía y tan carente de expresiones prácticas y manifestaciones concretas —tal vez por eso tan compartida y tan consensual— como la de la afirmación inicial, puede ser una realidad, de lo contrario seguirá estando en el plano del discurso y la retórica.