21 de Septiembre de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (126-128) I,III
Año: 1997

3. Algunos autores señalan que los indicadores sociales muestran una realidad preocupante desde el punto de vista de los logros en términos del desarrollo de la región. ¿Qué ha pasado con los intentos por traducir este discurso en políticas sociales concretas para lograrlo?

Cuando observamos la realidad social latinoamericana más allá de los indicadores, es posible notar como, en la práctica, los esfuerzos realizados por los organismos nacionales e internacionales para contribuir a modificar la situación de pobreza y miseria que caracterizan a la región, se han traducido, fundamentalmente, en la aplicación de tecnicismos de orden programático, político—formal, más que en activadores de una verdadera voluntad de cambio por parte de las élites dirigentes para atacar las causas que la generan. El tema de la pobreza ha formado parte tanto de la retórica oficial como del discurso formal, político—técnico. Pareciera habérsela ideologizado con el propósito subyacente de mantener el estado de situación de la misma, a fin de sacar el mayor provecho político y garantizar —mediante el uso de la retórica y la demagógia— espacios políticos y bases de sustentación popular para quienes mejor logren captar e interpretar las aspiraciones de un determinado grupo social de redimir y reivindicar su situación en la sociedad.

En este círculo vicioso, tanto la salud como la educación, han jugado un papel de primer orden al nutrir hasta la indigestión el retórico y demagógico discurso de los políticos, los agentes económicos y los actores sociales tradicionales, evidenciádose, más bien, una gran pobreza en el discurso, que se disfraza mediante el uso de “frases cohetes”, “ideas fuerza” y lugares comunes. ¿En que discurso no se reiteran expresiones como “La educación y la salud constituyen la primera (o la máxima) prioridad de todas nuestras acciones?” Mientras, por otra parte, los presupuestos nacionales, tanto en su formulación como en su discusión parlamentaria, ven disminuidas las asignaciones imprescindibles para hacer efectivos tales propósitos, lo que se manifiesta en un desmantelamiento del —mal llamado— gasto social, inversión social, tanto en su cantidad como en su calidad de administración y ejecución.