22 de Junio de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (126-128) I,III
Año: 1997

2. Con base a lo expresado por usted, en los ultimos 50 años a pesar de los numerosos esfuerzos en materia de políticas y programas sociales cuya finalidad ha sido el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes masas de la región, los resultados no han sido muy alentadores. ¿Cómo explicaría lo anterior?

Al hablar de programas sociales lo hacemos con el propósito de diferenciarlos de lo que entendemos por política social. Desde mi perspectiva creo que debemos entender por política social la puesta en práctica de un plan estratégico de carácter societal, inscripto dentro de una estrategia global de desarrollo o proyecto de sociedad; que se orienta a crear las condiciones favorables para que la sociedad entera pueda desarrollarse como tal y que contiene, a su vez, una serie de acciones o programas destinados a reducir el impacto de las decisiones de política económica, que, por sus externalidades, afectan significativamente a los sectores más vulnerables de la población.

Entender por política social exclusivamente el diseño de planes y programas compensatorios, focalizados y dirigidos particularmente hacia el “enfrentamiento y combate de la pobreza”, como la hemos entendido en la región, se inscribe igualmente dentro de esa concepción asistencialista del desarrollo que tanto hemos cuestionado por populista y que arrojó los paradójicos resultados que ya todos conocemos.
Pienso que es imprescindible superar este enfoque limitado de política social para dar paso a otros donde la sociedad cree y promueva nuevas formas de realización y donde los sectores menos favorecidos de la población puedan realizar el objetivo de ver mejoradas sus condiciones y su calidad de vida. Ello pasa, necesariamente, por transformar el círculo vicioso de la pobreza en un círculo virtuoso que permita acompañar estos esfuerzos con una mejor redistribución de la riqueza y con la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los servicios sociales, de tal manera que la sociedad, en su totalidad, pueda ser beneficiaria de los sistemas nacionales de salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social y seguridad pública, sin excluir ningún estrato poblacional.
En este orden de ideas, es impostergable asumir propuestas innovadoras, fundamentalmente de naturaleza política, que impliquen cambios radicales en la manera de enfrentar los problemas. La mejor política social es la que se propone superar los impactos de la desigual distribución del ingreso como meta irrenunciable y la que se compromete y dirige hacia la sociedad global garantizándole un mínimo de calidad de vida a los ciudadanos. Es la que, sin discriminación alguna, se ocupa de favorecer y garantizar un mayor acceso y una mejor prestación de los servicios sociales más elementales —los hospitales, las escuelas, los comedores escolares y populares, los sistemas de seguridad social y de seguridad ciudadana, la vivienda, el transporte colectivo, la infraestructura vial, el sistema judicial y la administración de justicia, entre otros— con la mayor transparencia, eficiencia y eficacia posibles. Unido a esta concepción, debemos tener siempre presente que la estabilidad de la democracia se basa fundamentalmente en la implementación de políticas de bienestar social generalizado. En América latina, nos ocupamos de la pobreza no por razones éticas, ni por valores que son inherentes a la democracia y la justicia social, sino por la inmensa presión económica, politica y social que significa el hecho de tener cada vez más pobres.
En las zonas de pobreza, la focalización de los programas sociales compensatorios y las prácticas tradicionales de desarrollo de la comunidad han permitido, paradójicamente, consolidar la iniquidad y la miseria; e institucionalizar la cultura de la pobreza, edificando verdaderos muros de contención entre la sociedad civil y la sociedad política, creando camisas de fuerza que retienen y contienen el descontento popular ante la insatisfacción de las necesidades vitales y el deterioro progresivo de las condiciones y calidad de vida de crecientes sectores de la sociedad, impidiéndoles su movilización como fuerzas sociales emergentes, generadoras de cambios potenciales. La pobreza engendra pobreza, pero pobreza y desigualdad engendran descomposición y violencia. Esta es la bomba social que indefectiblemente debemos desactivar.