20 de Enero de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (122) III
Año: 1995

6. En términos de la situación de pobreza, del concepto de equidad y de la asignación de recursos, hay dos problemas que se discuten con frecuencia. Uno es el vinculado con una mayor asignación económica en términos globales para la atención de las escuelas que están situadas en zonas de mayor índice que pobreza; otro, una asignación preferencial de recursos a la escuela básica. Sobre esta alternativa de orientar recursos económicos a los niveles básicos o en los sectores de mayor pobreza ¿Cuál es su perspectiva al respeto?
En términos generales, me parece que el objetivo de canalizar más recursos hacia los sectores socialmente desfavorecidos —y el de apoyar en forma prioritaria a la educación básica son plenamente compatibles entre sí; toda vez que la mayor parte de las escuelas que están operando en condiciones precarias corresponden, casi totalmente, a la educación preescolar y a la de nivel primario. Sin embargo, me gustaría aprovechar esta pregunta para referirme al problema relacionado —en términos más generales— con la equidad en la canalización de los subsidios que reciben los sistemas educativos de la Región.

En la actualidad, son muchos los actores (gubernamentales, académicos, etc) que han aceptado la tesis de que los subsidios sólo deben ser otorgados a los sectores socialmente desfavorecidos; lo que implica, necesariamente, disminuir (o suprimir totalmente) los recursos públicos que actualmente son utilizados por los estudiantes (generalmente pertenecientes a las clases medias) que asisten a las universidades e institutos tecnológicos cuyo financiamiento depende de la asignación de recursos fiscales.

Como lo han señalado los economistas, esta tesis sólo es válida desde una perspectiva meramente asignativa —en cuanto propone dar más recursos públicos a quienes más los necesitan, y viceversa; pero no lo es necesariamente desde una perspectiva distributiva, ya que su aplicación puede producir, a mediano plazo, efectos regresivos en la distribución social del ingreso nacional. Para evitar esos efectos, es indispensable reconocer que los estudiantes que no proceden de los sectores socialmente más favorecidos, tienen que enfrentar, durante su permanencia en las instituciones educativas de niveles medio y superior, diversos problemas que les impiden obtener un desempeño académico aceptable. Para resolver esos problemas es necesario canalizar recursos fiscales, en forma preferencial, hacia los estudiantes mencionados; los que, evidentemente, es contrario a la política que propondría reducir los subsidios que actualmente reciben esos alumnos.
En resumen, la tesis arriba mencionada (de la cual se ha derivado la propuesta de reducir la gratuidad de la educación pública, en la medida en que los estudiantes van transitando desde la educación básica hacia la media y superior) debe ser aplicada con cautela, y necesita ser acompañada por otras acciones. En efecto, si bien es muy probable que entre los estudiantes que asisten a las instituciones de enseñanza superior, se encuentre una proporción importante de alumnos que estén en condiciones de contribuir a sostener sus propios estudios, también lo es que en esas mismas instituciones, se encuentren importantes contingentes de estudiantes a los que no sólo les sea imposible contribuir al financiamiento de su educación, sino que requieran además de diversos apoyos (entre los que se encontrarían algunos de naturaleza económica) para poder lograr un desempeño académico aceptable en las instituciones mencionadas.