22 de Abril de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (122) III
Año: 1995

La transición. El reposicionamiento democrático a partir de 1990

El marco político general en el que transcurre esta etapa se puede caracterizar por dos elementos: a) la búsqueda de una restauración plena de la institucionalidad democrática; b) una forma específica de convivencia democrática: la acción política autolimitada a los asuntos en que exista consenso. Por su parte, el régimen militar había establecido constitucionalmente una serie de normas y medidas de gobernabilidad que hacían difícil retrotraer la gestión pública al uso pre-gobierno militar.

La Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE), promulgada el último día del gobierno militar como condición de gobernabilidad, proporciona al nuevo gobierno un marco jurídico evidentemente contradictorio con las realizaciones proyectadas en el Programa Electoral de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se lo intenta llevar a cabo tratando de no modificar este pie forzado jurídico. En una perspectiva histórica resulta particularmente dramático el mandato de la LOCE que define para el Estado “el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza” (Art. 3º).

En primer lugar, se buscan interpretaciones menos radicales de la Ley, apartándose de la coherencia establecida en el gobierno militar ante una concepción subsidiara del Estado, una economía “social de mercado” y el establecimiento de un “mercado” educacional. En particular se trata de abandonar esta última noción y substituirla por la noción de democratización y participación a través de la descentralización efectiva de los servicios.

En segundo lugar, se deja de lado el “paradigma jurídico de cambio” como modalidad exclusiva de promoción de la novedad, característica de la democracia tradicional chilena, dado que su utilización habría obligado a la tarea imposible de intentar modificar la Constitución o la LOCE, o abandonar la estrategia política fundamental del asentamiento democrático a través del consenso y no de la confrontación. En substitución se adoptan estrategias sistémicas de intervención basadas en diagnósticos amplios12 que identifican las áreas o aspectos de mayor sensibilidad o que garanticen mayor efecto sinérgico.

El enfoque general es, entonces, pragmático, intencionalmente enunciado en términos ideológicos a fin de evitar al máximo las confrontaciones con la oposición y, aun a riesgo de recibir críticas desde las propias filas concertacionistas, acentuando los requerimientos modernizadores de una economía dinámica, moderna, recientemente internacionalizada. Se connota esta posición enfatizando las nociones de crecimiento económico y desarrollo con equidad. 13

Para estos efectos se utilizan los estudios elaborados al respecto por organismos internacionales, en especial UNESCO y CEPAL, que brindan un sustento teórico a la consideración de “la educación como eje del desarrollo económico con equidad” y se sigue la estrategia de desarrollar programas de mejoramiento de alto impacto en los establecimientos educacionales con asistencia técnica y financiera internacional.14 Para la argumentación relativa al desarrollo de la educación media se recurre a la búsqueda de referentes externos significativos.

Así, se exploran sistemáticamente las soluciones estructurales y curriculares que para la educación media elaboraron países que experimentaron procesos de desarrollo económico similares al chileno: crecimiento sostenido y franca inserción en la economía internacional, como es el caso de Corea del Sur, Malasia y Singapur. También se busca en países europeos, como Holanda, modelos de estrategias de política educativa que combinen una amplia participación ciudadana en la educación con una organización curricular que intente mejorar los niveles de logro en enseñanza y resuelva los problemas de organización de una buena educación técnica de nivel medio. En un debate no resuelto aún, las posiciones más originales abandonan la orientación norteamericana destacando sus resultados negativos en la calidad del producto educacional, debido al efecto contradictorio (por sus resultados inequitativos) de los plantemientos escolares igualitaristas, cuando se los confronta con una absorción casi universal de la matrícula de este nivel. Para lograr equidad educativa en una sociedad como la chilena, con diferencias tan abismantes en los ingresos familiares, parece más razonable diferenciar alternativas de educación media que puedan atender más adecuadamente las necesidades de los distintos segmentos fijándose, al mismo tiempo, metas elevadas pero asequibles de calidad académica.

Otras posiciones enfatizan también la necesidad de tener una educación media académicamente muy seria. Proponen el desarrollo de una educación general más prolongada, de alta calidad, que permita unos años finales de educación media con diferenciación académica y técnica clara y responsable. Se piensa que para recuperar la calidad de “ascensor” social que tuvo la educación media, se hace necesario detener su actual desvalorización y pérdida de significado. El liceo debería ser capaz de atraer realmente a los jóvenes inteligentes y talentosos de los sectores empobrecidos y convertirse en un trampolín que permita su aporte pleno y efectivo en la sociedad.

El Ministerio de Educación comienza un lento proceso de redefinición del rol pasivo heredado del régimen militar, inaceptable para los partidos de la Concertación que se encuentran ahorquillados entre la interpretación mercadista o privatista de la LOCE y el nuevo régimen descentralizado de administración alcaldicia de las escuelas y liceos. Se elige fortalecer la descentralización, después de todo las elecciones de concejales democratizarán las comunas.15Se vuelve a incorporar al profesorado como actor en la determinación de políticas educacionales invitándose al gremio magisterial a formar parte de comisiones de trabajo y asesorías y cargos ministeriales. Se aprueba la Ley de Estatuto Docente que vuelve a regular las remuneraciones del profesor. Esta Ley constituye la medida más abiertamente contradictoria con el marco jurídico heredado y su aplicación ha provocado múltiples problemas concretos de implementación dada su incoherencia con el resto del sistema. Los profesores siguen la estrategia de afirmarse en esta Ley para, simultáneamente, impedir mayores iniciativas privatizadoras y forzar al Ministerio de Educación a asumir un rol más activo en la administración de la educación.

Se da también importancia y se fortalece a las organizaciones estudiantiles procurando el restablecimiento de los centros de alumnos en los liceos y la preparación responsable y sistemática de dirigentes estudiantiles. El Ministerio del Trabajo, por intermedio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, tiene una activa participación en el nuevo diálogo educacional formando parte importante de los esfuerzos educativos del país.