18 de Diciembre de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (122) III
Año: 1995

El primer tercio del siglo XX

Este período de enorme vitalidad está dominado por las reformas de finales de 1920: las reformas de los profesores. El profesorado (tanto normalistas como pedagogos) alcanza a través de organizaciones profesionales y político-gremiales, reuniones técnicas y congresos académicos un poder extraordinario. Los profesores plantean y consiguen afianzar institucionalmente al Estado Docente: la Educación Media se desprende del control directo del Consejo Universitario y para a ser administrada por el Ministerio de Educación que termina alcanzando una dimensión ministerial autónoma separándose del Ministerio de Justicia, Educación y Culto. Las reformas de esta etapa tienen marcados propósitos democratizadores. La bonanza saliterera provocó una aceleración de los procesos de urbanización y generó suficientes empleos como para que tuviera sentido la emergencia de una clase media que, naturalmente, encuentra serias resistencia en sus avances hacia una mayor participación en los nuevos recursos y en el poder. La crisis mundial que comienza a hacerse presente en el país no hace sino agregar gran frustración a estas tensiones.

Los profesores parecen seguir la estrategia de trasformar la teoría en doctrina al incursionar en la arena política y asumir liderazgo importantes en las posiciones de reforma social características de la época. Así, la obligatoriedad, la gratuidad y la universalidad de la educación vienen a constituir principios indiscutibles, aspiraciones absolutas de los educadores, metas portadoras del cambio social y del progreso universal. En términos prácticos, al privilegiar la captación de alumnos y su promoción en función de la expansión del sistema, descubren el carácter pedagógico selectivo y discriminados de la educación liceal (y sus escuelas preparatorias anexas) que ha vuelto a entroncarse desde el punto de vista académico, exclusivamente con los estudios superiores. Los profesores elevan a la categoría de principio la máxima articulación vertical, la integración entre las partes componentes del sistema educativo (específicamente apuntando a mejorar la conexión entre la escuela primaria pública y el liceo). Es para garantizar la consecución de estos principios que se centraliza en el Ministerio de Educación la administración de todo el sistema.

Se critica el efecto de “germanización” del liceo “alemán”, en especial su énfasis en la disciplina social, el acatamiento de la autoridad o del orden constituido. Apuntan a propósitos explícitamente democratizadores o de cambio social las iniciativas con las que se promueven la educación de la mujer y los sectores populares. Se intenta también que las diversas alternativas de educación laboral concentradas en el Ministerio de Fomento o en el Ministerio de Agricultura pasen al control del nuevo Ministerio de Educación. Se trataba de elevar a un nivel “educativo” las oportunidades de “capacitación”.

Se aprecian aquí los elementos de ruptura con el modelo “alemán” en vigencia. En éste no se encuentran las formulaciones que lo encaminen a una democracia, no es ése el contexto político alemán de la época. Allí, como en otros países europeos, el principio de igualdad legal de las personas no existía. El elemento ordenador de la sociedad, que aún persistía, tenía que ver con derechos diferenciados por nacimiento, condición o herencia y las formas educativas reflejaban esta situación de tal modo que el pensamiento de Dewey, aportando las soluciones que permiten compatibilizar las realizaciones educativas con un sistema social y político igualitarista o democrático, se trasforma en el lenguaje de los dirigentes educacionales chilenos. Además, el triunfo de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial termina por convertirlo en una auténtica potencia mundial y, por ende, en un legítimo referente de calidad.

El elemento tensional más notorio tiene que ver con las expectativas creadas por la educación como escalera de ascenso social. Desde los sectores conservadores se denuncia la empleomanía estatal, se ridiculiza las aspiraciones sociales basadas en el pseudo conocimiento entregado por el liceo y se teme por los destinos de la Nación entregados al arribismo y la mediocridad. Sin embargo la crítica no cuestiona la ingerencia del Estado en la educación ni la competencia del Estado para gestionar el cambio; por el contrario parece afianzarse un paradigma jurídico de cambio: el cambio consiste en el instrumento legal que lo define. Allí en la Ley se define el deber ser indisputable. Las energías parecen agotarse por entero en su elaboración y en la lucha por su aprobación. La tarea de concreción de la Ley se resuelve “cumpliendo la Ley”, casi un automatismo que no requiere sino de la voluntad.