17 de Julio de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (122) III
Año: 1995

Nuevo paradigma de educación pública, 1973-1989

La propuesta de la Escuela Nacional Unificada o, más bien la reacción frente a esta propuesta, constituye uno de los elementos que fundamentan o sirven para explicar tanto las motivaciones que condujeron a los cambios tan radicales llevados a cabo durante el gobierno militar, como la naturaleza de éstos. Otro elemento es el paradigma mercadista para la educación pública planteado por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, de la Escuela de Economía de Chicago, que sirve de referente internacional de calidad.8

El gobierno militar retira el tema educacional del plano socio-político en el que se ubicaba con diferentes matices desde la misma independencia y que terminaba sosteniendo el consenso estado-docentista del país, retrotrayéndolo al plano personal, individual o familiar. Este es un planteamiento doctrinario que al mismo tiempo crea oportunidades para la aplicación del modelo mercadista y se ve reforzado por éste. Es necesario evitar que el Estado llegue a ser un Estado totalitario: la ausencia de distinción clara entre educación y adoctrinamiento, característica de los grupos conservadores o extremistas, hace ver al Estado docente como un Estado que propaga doctrinas dudosas que violentan la libertad de las personas o que introducen relatividad en los valores naturales o absolutos. En este ambiente el “mercado” constituye un medio, una herramienta compleja para proteger y promover la libertad personal.

La tarea del Estado es subsidiaria: actuar cuando la dinámica social (en general, el mercado) no pueda hacerlo. El Estado debe crear el mercado si éste no existe. Es decir, proveer recursos para que se pueda “comprar” educación y establecer reglas del juego para que se pueda “vender” educación. Los recursos para adquirir educación se trasfieren por medio de subvenciones a la oferta o la demanda. Se prefiere la subvención a la demanda. El establecimiento de reglas del juego apropiadas en una situación abundantemente normada, como es el caso de la educación en un estado-docente, equivale a una “desregulación”, es decir a la eliminación de las normas que entraban la oferta o que impiden que ésta varíe o reaccione con presteza a las preferencias de la demanda. Por otra parte la uniformidad u homogeneidad de la oferta es sospechosa de ocultar un monopolio, es decir no respetar las reglas de juego del mercado.

Por esto el contenido, por ejemplo: la calidad de la educación, la debe fijar el propio mercado. Los demandantes de educación, los clientes o consumidores de la educación, así como los empleadores9 deben poder ser determinantes en la definición de la calidad del producto educativo a través de la preferencia que muestren frente a las diversas alternativas que se ofrezcan. Así en este paradigma se esfuman las preocupaciones tradicionalmente americanas —de países nuevos, mestizos y mestizándose con fuertes flujos inmigratorios y poblaciones nativas— con la conformación de la unidad nacional, justificatorios de las características teóricas, no sólo políticas, que termina asumiendo el Estado-docente. También la equidad en educación obedece a criterios diferentes en un Estado subsidiario que utiliza la herramienta del mercado para redistribuir recursos. Desde el punto de vista del consumidor de la educación la equidad consiste en tener igualdad de oportunidades de selección de las alternativas ofrecidas. Desde este punto de vista, el cobrar por los servicios viene a constituir un acto de equidad pues permite que los que tengan paguen y que se subvencione sólo a los que realmente no puedan pagar. Desde el punto de vista de los oferentes de educación, la equidad consiste en el establecimiento de reglas de juego, reglas de competencia, iguales para todos.

En síntesis, de acuerdo al pensamiento de Friedman, el mecanismo de mercado debería producir un efecto positivo en la dinámica de cambio y progreso cualitativo de la educación. Cuanto más libre el mercado, mejor. El Estado debe limitar su papel a cuidar de la equidad subvencionando a los que no tienen para que éstos puedan también elegir la alternativa de educación que prefieran. Este procedimiento supone una decisión inteligente del consumidor de educación que al dejar de comprar educación de mala calidad, terminaría por eliminarla del mercado.

Las medidas de política educativa del gobierno militar fueron consecuentes con estos planteamientos:

1) Se desregula el sistema curricular. De planes y programas uniformes, rígidos y obligatorios se pasa a planes y programas con áreas electivas; se establecen mecanismos para la aprobación de planes y programas propios de los establecimientos; en Educación Técnico Profesional se establecen mecanismos descentralizados para la aprobación de nuevas especialidades técnicas propuestas por los liceos. 10

2) Se desmantela el Ministerio de Educación reduciendo sus tareas y restringiendo su autoridad: se traspasaron todos los establecimientos escolares a sostenedores privados o municipalizados; se redujo o eliminó la capacidad institucional para hacer aportes (materiales o inmateriales) distintos de la subvención a los establecimientos.

3) Se establecen sistemas de medición de logros escolares con el propósito fundamental de informar objetivamente al “consumidor” de educación.

4) Se impone un modo único de distribución de los recursos fiscales: la subvención a la demanda. Bajo la forma de la Unidad de Subvención Educacional se establece una función objetiva (“trasparente”) de asignación de recursos, vinculándolos exclusivamente a la captación de estudiantes. La única excepción la constituyen unos 70 liceos Técnico-Profesionales para los que se establece una subvención a la oferta y un régimen de administración delegada, por el cual el Estado no trasfiere la propiedad de esos establecimientos sino que son entregados en concesión a corporaciones creadas al efecto por grupos empresariales de larga tradición como la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura o la Cámara de Comercio.

El nuevo paradigma de educación pública afecta singularmente el ejercicio de la profesión docente. El Profesor de Estado no tiene más sentido: el Ministerio de Educación no administra más escuelas o liceos y, deja de ser el “patrón” de los profesores. Estos constituyen simplemente la variable de ajuste “trabajo” en la función de producción de la educación y sus remuneraciones deben estar regidas por el mercado. Según el modelo mercadista la forma de remuneración y contratación de los profesores fiscales (escalas nacionales de sueldos, propiedad o interinado de cargos, aumento de remuneraciones por años de servicio, inmovilidad funcionaría, asignaciones especiales por lugar o condiciones de trabajo, por posesión de títulos habilitantes para el ejercicio de la docencia, por cursos de perfeccionamiento, etc), eran un error, una aberración teórica pues constituían incentivos “perversos”: al no estar vinculados directamente al desempeño, resultados o rendimiento no podían actuar como estímulos para ser más eficientes o premiar el buen desempeño, al contrario terminarían estimulando los malos desempeños.

En el modelo se supuso que al eliminar la protección de este sistema salarial “perverso” y pasar los profesores a un régimen de libre contratación (empleados particulares) no tardarían en apreciarse los efectos benéficos de la competencia mercadista: los mejores serían premiados y los peores expulsados. El cambio de régimen de remuneraciones aparece como subproducto necesario del traspaso de los establecimientos escolares fiscales a las nuevas administraciones privadas o municipales.11 Antes se había desmontado el considerable poder gremial del profesorado, excluyéndolo como actor influyente en el diseño de la educación nacional y como fuerza sindical a la hora de negociar remuneraciones y condiciones laborales. El profesor, desde un punto de vista social se ha “liberalizado” y sus remuneraciones dependerán del libre juego del mercado: se ha “profesionalizado”, ha dejado de ser “funcionario”.

Esta virtual eliminación del educador profesional del escenario de decisiones educativas, se facilita también por el desplazamiento del centro de elaboración de políticas para el sector desde el Ministerio de Educación hacia la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y el Ministerio de Hacienda. Desde allí priman las opiniones de economistas e ingenieros que, conjuntamente con los líderes empresariales, constituyen los nuevos primeros actores del escenario educativo aportando puntos de vista y lenguaje novísimo a su análisis.

Sin embargo, el sector tradicional de la educación contribuyó a la formulación de políticas, desde el gobierno militar, con una serie de medidas de fiscalización y estructuración organizativa de los establecimientos que se impulsan bajo el argumento del deber del Estado —aún del Estado subsidiariov— de brindar “protección a la fe pública”. Estas medidas, que se conectan con la tradición estado-docentista chilena, terminan siendo contradictorias con el modelo liberalizador implantado y el propio profesorado las considera una nueva instancia de control político del régimen autoritario.