12 de Diciembre de 2018
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<<Biblioteca Digital del Portal<<La Educación<<La Educación (120) I, 1995 <<Artículo
Colección:
La Educación
Número: (120) I
Año: 1995

La crisis económica

La reestructuración del mercado internacional, que empezó con la recesión mundial de 1980-1982, es el segundo tema que planteamos aquí. Durante los últimos años hubo un cierto triunfalismo en el Occidente después del colapso del mundo socialista. El fracaso de las economías planificadas de Europa Oriental y la Unión Soviética ha sido interpretado como un signo definitivo de la superioridad y efectividad del libre comercio y los mercados abiertos. Sin embargo, la economía capitalista era reestructurada durante la década de los ochenta para corregir la crisis de la tasa reducida de divisas por un lado y la deuda financiera aumentada por otro. Los gobiernos de América Latina con deudas externas pesadas no podían resistir la implementación de las políticas extremas de ajuste, tal como les fueron presentadas por los bancos multilaterales de desarrollo y apoyado por el programa de asistencia bilateral de los Estados Unidos.16 Estas políticas incorporaban uniformemente cortes de presupuestos públicos para el sector social: los gastos per capita disminuyeron en los sectores de educación, salud y vivienda durante los años ‘80 en la mayoría de países latinoamericanos.17 La población más perjudicada directamente fue la población femenina por ser la mujer responsable del mantenimiento del hogar y la crianza de los niños, ambas esferas de la vida privada donde primero se sintieron los cortes públicos.18

Las políticas de austeridad impuestas incorporaron también la eliminación de subsidios para necesidades básicas como comida, vivienda y energía. Asimismo, la austeridad presentó presiones para la división de tierras e infraestructura proveniente de la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades locales de producción para la exportación. Los “paquetes” económicos promovieron el sobre-uso de sistemas naturales y agrícolas para aumentar la ganancia de rentas. La expansión de la agricultura comercial, a costa de la agricultura de subsistencia, aceleró la migración rural/urbana de campesinos desplazados, el cultivo de tierras no apropiadas y la ocupación de áreas de alto riesgo tanto por causas naturales como industriales. La migración rural/urbana aumentada por las políticas de ajuste creó, a su vez, un crecimiento notable de los sectores urbano-marginales, caracterizadas por la miseria, la pobreza absoluta y el deterioro, aún más acelerado, del medio ambiente urbano.
En el sector urbano los principales factores de deterioro medioambiental tienen que ver con problemas de infraestructura y servicios que afectan directamente a las mujeres —fundamentalmente las más pobres dada la coincidencia entre la marginalidad espacial y social— en el cumplimiento de su rol reproductivo. Por la división sexual del trabajo a ellas les corresponde la lucha cotidiana por la carencia de servicios básicos, alimentación, educación, agua potable, salud, luz, transporte, red sanitaria, y están en contacto directo con la contaminación del medio en que viven y se desarrollan.19
Como las políticas mismas, representaban una respuesta a la caída de la tasa de divisas, también incluyeron iniciativas diseñadas para bajar el costo de la mano de obra en general y reducir el costo de las materias primas. En América Latina, y especialmente en la Cuenca del Caribe, una renovación profunda de la economía regional ocurrió durante la década de los 80 para acomodar la producción industrial para la exportación, promovida por los expertos internacionales y capitalistas de mediana escala como una solución a los problemas de desempleo y pobreza. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la United States Agency for International Development (USAID), estimuló la producción industrial y agrícola de exportación en la región como una estrategia prioritaria durante esta época. La estrategia era el reducir costos para fabricantes e inversionistas norteamericanos, estimular las economías de América Latina y el Caribe, crear empleo y fortalecer la estabilidad política de la región. Sin embargo, desde la perspectiva del capitalista individual, la motivación básica para este tipo de inversión sería, por supuesto, mano de obra barata y alivio de las regulaciones ambientales onerosas de los Estados Unidos. Por lo tanto, el modo en que el capital intenta reducir sus gastos de operación en respuesta a crisis internas, ocurrió una presión continua hacia abajo en los costos de producción. Puesto que las mujeres constituyen una fuerza laboral vulnerable, se encontraban expuestas a los enfrentamientos más directos.20

En países con mercados libres, un punto de controversia siempre ha sido el nivel de apoyo público que el estado debe prestar a su población dentro del proceso de reproducirse, y específicamente, dentro del proceso de reproducir a la fuerza laboral. Cuando la obrera se presenta para trabajar, representa ella un conjunto de inversiones y valores, y el costo de producir este conjunto es lo que el salario tiene que compensar. Como consecuencia, si el valor acordado a la mujer fuese bajo, el costo de reproducirla sería bajo también, y la posibilidad de bajar su ingreso aumenta.

En este clima económico, hay gobiernos de países latinoamericanos que promueven no solamente su fuerza laboral barata, sino también su riqueza natural para la explotación extranjera.21 Y puesto que varios gobiernos de América Latina permanecen con deudas externas pesadas, no están en condiciones para imponer restricciones a inversionistas privados que buscan acceso a los recursos naturales. De hecho, en muchos casos, los gobiernos mismos intentan resolver sus problemas de balanza de pagos por la promoción de la explotación irresponsable del patrimonio natural.22 En consecuencia, el deterioro del medio ambiente natural se acelera en la actualidad. Los gobiernos que aceptaron préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial tuvieron que imponer los programas de ajuste estructural con sus medidas diseñadas para atraer inversión extranjera, reducir importaciones y aumentar exportaciones. Los efectos ambientales de tales programas eran dramáticos: “La promoción de la inversión extranjera y la orientación de las economías del Tercer Mundo hacia la exportación, cuando tienen poco más que mano de obra barata y recursos naturales que ofrecer, aumenta inevitablemente las presiones sobre los sistemas ecológicos delicados que encajan las riquezas de los recursos”.23

Estas consideraciones forman parte del contexto político y económico para un análisis integral de la mujer, el trabajo y el medio ambiente. El mundo contemporáneo se caracteriza por el triunfo de la propiedad privada y los mercados libres. Esto implica consecuencias graves para cualquier iniciativa destinada a proteger, conservar o restaurar sistemas ecológicos dañados por intereses privados de la producción. También son afectados los esfuerzos destinados a proteger a grupos vulnerables, dentro de la fuerza laboral, de las vicisitudes más extremas del mercado libre. En el contexto de la batalla ideológica del período de posguerra, la corriente liberal democrática ha vencido a la planificación central, y su definición de derechos de propiedad se queda sin discusión pública por conceptos como la explotación. Es, por lo tanto, poco probable que preocupaciones en torno al bienestar general sirvan como un límite al derecho de la propiedad y al empresario privado.

Además, el triunfo mundial del sistema de libre comercio y del capitalismo ocurrió en un momento inoportuno, en que también ocurría la crisis mundial del mismo sistema. Esta convergencia de procesos dejó el campo abierto para los ajustes más drásticos destinados a aumentar las rentas de capital. Hemos discutido aquí medidas diseñadas para bajar dos costos significativos de producción: el de la mano de obra y el de materias primas. Para lograr esta reducción de costos era necesario explotar a la mujer más intensivamente, tanto como la reproductora de la fuerza laboral (sin apoyo estatal) como de la mano de obra en sí. Era también necesario explotar más intensivamente los recursos naturales exigidos por el sector productivo. En muchos de los países de América Latina, los gobiernos buscaban alivio de las presiones de la deuda externa dando libre acceso a la madera, petróleo, oro y gas natural, tal como era solicitado por intereses extranjeros y privados.24

Tanto esta configuración de derechos como la situación de dominación se han desarrollado a causa de la carencia de acceso democrático a sitios de influencia donde el poder verdadero se ejecuta. En efecto, podemos definir la dominación como una forma de poder que posee influencia social pero escapa a la responsabilidad social. La mujer se encuentra con la dominación del hombre y los ecosistemas se destruyen a espaldas de la vida y la propiedad privada. Es entonces cuando la mujer entra a la fuerza laboral y los recursos naturales entran en el proceso de producción, acercándose al foro político donde se sienten ciertas influencias democráticas. Estos acercamientos, por lo tanto, son pasos positivos que se pueden asumir.

Así como reconocemos que la posición subordinada de la mujer jamás se ha entendido adecuadamente, también debemos reconocer que, al menos, los últimos veinticinco años han sido años de discusión del problema. Nos corresponde también reconocer que la falta de atención se da a nivel de alta conducción ejecutiva: en el momento en que se hacen las cosas. En el nivel de discusión, son varios los discursos sobre la mujer, el trabajo y el desarrollo sostenible.
Una prioridad clave es el avance del papel de la mujer en el desarrollo sostenible, y el manejo ambiental a través del fortalecimiento de su capacidad como recurso humano por poseer la misma educación y capacitación en todos los niveles y en todos los campos, tanto rurales como urbanos, por su participación y contribución intelectual a las esferas productivas de la sociedad y por su contribución a la promoción de pautas del consumo y desarrollo sostenible.25
Sin embargo, hace más de tres años que se escribió esta declaración en la Reunión Cumbre de la United Nations Conference on Environmental Development (UNCED) en Río de Janeiro, y desde entonces hay escasos indicadores de verdadero cambio en este hemisferio. A continuación, la declaración reconoció también la exclusión actual de la mujer en círculos del sector público donde se formulan políticas de producción, consumo y desarrollo, y sugirió que se aborde el problema urgentemente si se intentara lograr los objetivos de Agenda 21, producida por dicha reunión. Sin embargo, al nivel del diseño de política dentro de los gobiernos que firmaron la Agenda, la discriminación aparentemente continúa.

La declaración anterior es interesante por su contenido, por sus autores y por lo que no dice. La discusión pública, a estas alturas, de medidas destinadas a resolver la crisis ecológica y acabar con la discriminación, ignora la presencia de intereses poderosos atrás del status quo y no reconoce que las condiciones actuales son consecuencias de políticas vigentes y orientaciones económico-estructurales. La Agenda 21 implica que ahora que entendemos las dimensiones de la crisis ecológica y la injusticia de la exclusión autocrática, corregiremos estas imperfecciones en el sistema socioeconómico. A corto plazo, este tipo de declaración tiene el efecto de neutralizar a movimientos ambientalistas y feministas por proyectar la ficción sobre una  acción responsable y remedial que ya está ocurriendo. Sin embargo, después de la cumbre de UNCED, las corporaciones privadas seguían huyendo de las regulaciones ambientales y de derechos adquiridos por trabajadores, estableciendo tratados de libre comercio y desarrollando aún más la tecnología de transporte y comunicación. El documento no reconoce el fenómeno de la resistencia.

Tanto la declaración anterior como la falta de acción en su implementación muestran las causas verdaderas de la inequidad socioeconómica y la destrucción ambiental. Manifiestan una cierta configuración de fuerzas y nivel de avance en el movimiento hacia el cambio social en estas áreas. Está claramente indicado que la falta de iniciativas políticas de implementación de la declaración no es consecuencia de la ignorancia. Aunque el contenido es abstracto, sus directivos se basan en investigaciones extensivas en el campo del desarrollo sostenible y los papeles sociales de la mujer. Si la acción remedial en el sentido recomendado no se materializa, aunque los que formulan las políticas saben qué hacer (o por lo menos, saben a quién consultar), significa que el cambio potencial se ha encallado en una desbalanza de fuerzas. Los beneficiarios potenciales del cambio carecen del poder necesario para efectuarlo, como evidencia la circunstancia obvia de tener que formular la declaración. Los movimientos progresistas tienen la fuerza política para sacar la declaración, pero no para implementarla. Además, el grupo social que ejerce el poder resiste la disputa de su monopolio y, puesto que tiene el poder, goza de la capacidad de resistir en forma efectiva. Todo éso nos afirma una vez más algo conocido: se necesita poder, en el sentido lato del término, para efectuar un cambio social. El poder implica conflicto y por lo tanto jamás se lo regala sino que hay que tomarlo.

Esto es, por supuesto, algo desagradable de decir y el pensamiento liberal, con referencia al tema de la mujer, el trabajo y los ecosistemas, rechaza esta perspectiva divisoria en las tres áreas. A menudo, se manifiesta una inquietud sobre la consideración separada y especial de la mujer, dado que ella se define en primer lugar por su rol familiar, lo que se ve como una unidad orgánica con un sistema balanceado por deseos y necesidades representados por la cabeza de familia, el varón altruista. De todos modos, dado la fuerza de la ideología que promueve la noción de la familia patriarcal bondadosa, ha sido una lucha intensa simplemente el introducir la legitimidad de considerar la división de trabajo familiar por sexo, sin ni siquiera considerar que esta división tradicional sea injusta y opresiva para la mujer. Esta discusión enfatizó la perspectiva de la familia no como una unidad integral sino como un territorio donde ocurren conflictos políticos y económicos. Se puede volver a un principio fundamental del movimiento feminista desde sus inicios y aplicarlo a los movimientos sindicalistas y ambientalistas: lo personal y “privado” también es político.

Con respecto al trabajo remunerado, el pensamiento liberal también aborda la cuestión de producción como si fuera un foro de cooperación. Se presume generalmente que la rentabilidad más alta para el capital significa más inversión, más empleo y mejores sueldos, como explica el Vice Presidente actual de los Estados Unidos, Albert Gore:
Mejores beneficios son importantes; de igual importancia es un efecto relacionado, frecuentemente producido por el intento de reconciliar la rentabilidad con el bien social. Compañías que siguen este camino innovativo ven a menudo un sentido de objetivo común, un sentido entre empleados y gerentes donde su trabajo ha adquirido una dignidad nueva, sus vidas tienen un nuevo significado porque no están solamente ganando rentas y sueldos, sino que también son parte de la búsqueda de un objetivo mayor. Durante mis visitas a tales compañías, yo he visto un objetivo común en las caras de los hombres y mujeres estimulados por sus empleadores a trabajar y pensar de una manera nueva. Yo les he oído hablar con orgullo sobre su papel en una misión que merece sus mejores labores.26
Gore presenta esta visión del mundo del trabajo en 1992, a pesar de la historia del enfrentamiento agudo entre capital y mano de obra a nivel mundial durante los años 80. Pero el hecho innegable es que el esfuerzo destinado a aumentar la rentabilidad durante los últimos años se ha realizado a través de la confrontación con asociaciones laborales, el corte de salarios, la huída de la regulación y la evasión de los impuestos.27

En discusiones oficiales sobre el medio ambiente, también se nota un tono de colaboración general. Somos residentes de Sólo una tierra anticipando Nuestro Futuro Común según los participantes de la Conferencia de Estocolmo en 1972. Ideológicamente, la Conferencia moldeaba la crisis ambiental emergente en términos que implicaban que somos todos igualmente responsables y perjudicados por la destrucción del mundo natural. La realidad de la distribución no equitativa de recursos y la capacidad de un grupo social para aniquilar a la base de subsistencia de otro por el propósito de una ganancia privada se ignoraba en gran medida. Además, corporaciones cuyas actividades son contaminantes y destructivas del ambiente, como Dow Chemical o Weyerhauser, se muestran en los medios de publicidad como protectores de los elementos naturales encomendados a su cargo. En sus mensajes comerciales más creativos, intereses privados procurando explotar recursos naturales no renovables, periódicamente justifican sus actividades con el argumento de que crean empleo, como si todos se perjudicasen de igual manera por la desaparición de un elemento natural que no se puede restaurar. Sin embargo, los empleos creados por la explotación de un recurso limitado y no renovable son, por definición, de corto plazo y desaparecerán con el recurso natural, pero el capital acumulado por la explotación del recurso se multiplicará en manos privadas.

La realidad es un mundo dividido por clases sociales y estructuras estratificadas, y los grupos que ocupan los sitios privilegiados se benefician de la explotación humana y ambiental. Por lo tanto, las proposiciones declaradas por Agenda 21 encontrarán resistencia política, económica y cultural en la implementación. La tarea actual para feministas, sindicalistas y ambientalistas es reconstruir la concertación de fuerzas populares y señalar las consecuencias de la irresponsabilidad ambiental al foro público donde se puede imponer las presiones democráticas. La realidad del mundo dividido exige una política popular que cuestiona las prioridades no cuestionables del crecimiento económico eterno, consumismo y derechos de propiedad privada sin límite. Un ejemplo de los Estados Unidos demuestra esta necesidad. El Vice Presidente, Albert Gore, publicó Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit, un libro sobre la crisis ecológica y las dimensiones de la destrucción de la Tierra por el ser humano. El libro empieza y termina con argumentos que intentan establecer que la protección del medio ambiente natural es imprescindible para la salud económica del país y la sobrevivencia de la humanidad. En el desarrollo de su argumento, Gore se refiere explícitamente a aspectos de la economía, como el mercado libre, la ventaja comparativa, y la competitividad. Presenta sus ideas para la protección del medio ambiente en base a la lógica económica vigente.
Nosotros podemos mejorar el avance de la revolución y para producir en el mercado mundial los productos y tecnologías nuevos que promuevan progreso económico sin destrucción ambiental... Muchos expertos creen que podemos crear millones de empleos nuevos para dirigir (énfasis original) la revolución ambiental, acelerando nuestros esfuerzos destinados a fabricar y vender productos y tecnologías que son superiores ecológicamente.28
Gore sigue en esta actitud optimista sobre la conformidad futura entre la lógica de la producción para el mercado libre de comercio y la restauración medioambiental: “A través de la eliminación de la producción inicial de la contaminación, [los japoneses] han descubierto que frecuentemente es posible mejorar la productividad, la rentabilidad y la eficiencia ambiental”.29

Sin embargo, no considera el escenario en el cual no es posible aumentar ganancias y proteger al ambiente simultáneamente. Esta perspectiva no reconoce lo que cuesta la tecnología ambiental. Los costos de producción aumentan a corto plazo por las regulaciones que limitan la contaminación o protegen a los trabajadores. El argumento de Gore, que no cuestiona la prioridad de ganancias privadas, deja abierta la posibilidad de justificar una política que lesiona intereses laborales y ambientales por recorrer a la necesidad primaria de promover el crecimiento económico y aumentar la rentabilidad de la empresa privada.