14 de Agosto de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (114) I
Año: 1993

8. Edwin R. HARVEY. Derecho cultural latinoamericano. Sudamérica y Panamá. Buenos Aires: Depalma/OEA, 1992, 414 p., notas, tablas, bibliografía, índice.

Edwin Harvey es posiblemente el especialista más destacado y de mayor conocimiento en materia de legislación cultural en América. Así lo revelan obras como Acción cultural de los poderes públicos (1980), Legislación cultural de los países americanos (1980) (ambas publicadas, como la presente, por la Editorial Depalma y solicitadas por el Departamento de Asuntos Culturales de la OEA), y Relaciones culturales internacionales en Iberoamérica y el mundo (1991), entre otras. En la presente obra, que es la primera de tres partes que componen el Subproyecto de Actualización de la Legislación Cultural Vigente en América Latina y el Caribe, inscrito en el Proyecto Multinacional de Política Cultural del Programa Regional de Desarrollo Cultural de la OEA, los países estudiados son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Panamá. Trabajos subsiguientes considerarán los restantes países miembros de la OEA. Solamente para dar una idea de la amplitud del enfoque señalamos parte de la temática explorada para cada país: disposiciones consititucionales; administración cultural; instituciones no gubernamentales; derecho de autor; régimen legal del patrimonio cultural; fomento y promoción de la creación cultural; régimen legal del libro; bibliotecas, museos y archivos; fomento de las artes del espectáculo; promoción artesanal; y régimen legal de los medios masivos de comunicación. Se trata, pues, de una tarea ambiciosa, pero puesta en manos expertas. Por su parte, la exigente metodología que se ha impuesto el autor está expresada en la introducción general de la obra.

No pareceria necesario abundar sobre la importancia que la législación sobre cultura tiene dentro de los propósitos de una política cultural, ni sobre el significado que esta última asume en nuestros días como tarea del Estado. Una de las ventajas de la presente obra consiste precisamente en que el relevamiento se presenta en forma comparativa, de manera que los interesados, en cualquier país, dispongan del panorama total de los demás países, especialmente de aquellos que presenten similaridades y cuyos contenidos puedan ser aprovechados criticamente. El alcance de la idea o noción de cultura se ha ampliado considerablemente, tanto en el aspecto teórico general, debido a la definición ya generalizada que debemos a la antropología, como en la vertiente más práctica de la actitud de los poderes públicos frente a la vida cultural de una comunidad o un país. Asuntos como: administración y financiamiento de la cultura; formación de promotores culturales; participación en la vida cultural y democratización de la cultura; respeto por las culturas llamadas “diferenciadas”; consciencia de la relación entre cultura y desarrollo y cultura e identidad; participación de la comunidad en la orientación de la cultura; superación de la diferencia entre cultura popular y “alta” cultura, son aspectos del quehacer cultural que no tenían reconocimiento (o no lo tenían tan claro) cuando la cultura se restringía al reducido campo de algunas formas artísticas o humanísticas y era disfrute de una elite, real o supuestamente ilustrada. Inclusive aspectos más tradicionales, como el apoyo a la creación cultural y la defensa del patrimonio monumental y artístico, no tenian el alcance que tienen en la actualidad, no estaban tan generalizados, y no se basaban en la misma riqueza conceptual y de valores en que se fundamentan hoy.

Por esa mayor amplitud y también mayor presencia práctica de la cultura se comprende la importancia actual de la política cultural. Ante todo, aunque no exclusivamente, como función del Estado. El Estado no puede ser indiferente a la identidad cultural de la comunidad, que es parte de la realidad humana que está en la base de su arquitectura institucional y jurídica, vivificándola y justificándola. Y la política cultural no puede sino comenzar por un relevamiento de lo que hay, de los valores e instituciones culturales existentes (incluida la legislación). Luego debe considerar —junto con la comunidad, junto con quienes crean, viven y disfrutan la cultura— los problemas culturales del país y la orientación para sus soluciones. Esta nueva contribución de Edwin Harvey es un paso más en el empeño del Departamento de Asuntos Culturales de la OEA por colaborar en el fortalecimiento de las instituciones culturales de los países de América Latina y el Caribe.

Juan Carlos Torchia Estrada