26 de Septiembre de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (114) I
Año: 1993

Introducción

En 1983, la Comisión de Excelencia en la Educación en EE.UU. recomendó una reforma educativa nacional que incluyera una permanencia más prolongada de los alumnos en clase, normas académicas más rigurosas y requisitos de graduación más estrictos. En el curso del año que siguió a la publicación de A Nation at Risk (“Una nación en peligro”), (Departamento de Educación de EE.UU., 1984), 35 estados habían alterado sus requisitos de graduación secundaria, 8 habían aprobado la prolongación de la jornada escolar y 21 habían previsto la revisión de los libros de texto y el material didáctico (pág. 16). Pocos meses después de que viera la luz A Nation at Risk, la Asamblea Legislativa del Estado de La Florida adoptó requisitos de graduación más estrictos mediante la sanción de la Ley sobre Mejor Rendimiento en Educación Secundaria (Raising Achievement in Secondary Education, RAISE). Para graduarse en educación secundaria, los alumnos debían:

  • Alcanzar un promedio de calificaciones (Grade Point Average, GPA)1 de como mínimo 1.5 en una escala de 4.0;
  • Aprobar la Parte II del Examen Estadual de Evaluación Estudiantil (State Student Assessment Test, SSAT II) que mide aptitudes básicas;
  • Obtener como mínimo 24 créditos.
Igualmente el Estado impuso un sistema de graduación uniforme y exigió a los alumnos de educación secundaria que recibieran por lo menos 300 minutos de instrucción por jornada escolar. La mayoría de los distritos siguieron la recomendación de la Asamblea Legislativa de ampliar la jornada escolar a siete períodos lectivos. El disponer una reforma educativa a nivel estadual no garantiza una exitosa ejecución a nivel de los instituciones de enseñanza. Aun en las circunstancias más favorables, los cambios pueden sembrar confusión, dudas sobre la propia capacidad, nuevas prácticas de trabajo y cambio de funciones en la organización (Huberman y Miles, 1984, 72). Las prácticas son afectadas no sólo por el contexto de la docencia y por el contenido de las políticas educativas, sino también por la manera en que se determina y ejecuta la política educativa. Quienes las elaboran para llevar a cabo la reforma educativa suelen tratar de introducir cambios en la educación, pero no tienen en cuenta lo que Lieberman (1982) llamó las tensiones del mejoramiento educativo. Entre esas tensiones figura el dilema de tener que tratar con los alumnos como colectividad y a la vez satisfacer las necesidades de cada alumno. Otra es la de orientar la reforma hacia el centro docente en su conjunto, donde los maestros poco influyen, en lugar de orientarla hacia el aula, donde el maestro es el que ejerce el control. Según Lieberman, la formulación de preceptos no realistas ha sembrado frustración entre los docentes, ya que se les formulan exigencias sin brindarles las condiciones necesarias para su realización.