23 de Enero de 2018
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Colección:
La Educación
Número: (114) I
Año: 1993

Del estado docente centralizado a la autogestión y roles compartidos con el sector privado

En los últimos años se han desarrollado en América Latina importantes programas de descentralización, desconcentración y privatización en el sector educativo. Estos programas están basados, por un lado, en la tendencia económica que busca disminuir el rol del Estado en la actividad económica y sus responsabilidades en el financiamiento de los servicios públicos; y por otra parte en las críticas ya tradicionales, a la burocratización y centralización autoritaria que caracteriza la administración educativa. Tales orientaciones y experiencias fueron analizadas en el Intercambio y las opiniones de los participantes fueron: de apoyo a la desconcentración; de menor consenso cuando se trató de la descentralización —porque Uruguay no ha llevado adelante experiencias generalizadas en ese sentido—; y de franco cuestionamiento cuando se discutió el tema de privatización de los servicios, punto en que solamente Chile ha tomado una posición netamente favorable y tiene varios años de experiencia que evalúa actualmente.

En el tema de la descentralización curricular hubo acuerdo total sobre su necesidad y factibilidad, existiendo en todos los países experiencias en esa línea, las que se busca ampliar y profundizar. Otro aspecto que mereció interés fue la descentralización de la capacitación docente. Todos los países participantes venían de una tradición de centralismo en la organización y dictado de cursos en grandes centros nacionales o regionales; y tanto Argentina como Chile ya han dejado de lado esa estrategia, privilegiando la realización de acciones de capacitación en las propias escuelas y colegios, con apoyo de los centros nacionales o estaduales de capacitación. De esa forma los responsables del área creen que se está logrando —además de los objetivos propios de la actualización—, otros igualmente importantes, como el fortalecimiento de la conversión de las escuelas en comunidades de trabajo profesional. Paraguay y Uruguay se disponen a crear las condiciones para seguir esa línea.

Chile tiene en total aplicación un programa por el cual el Estado asegura a empresarios privados o a las alcaldías municipales, el costo básico por cada alumno inscripto. En la actualidad, el correspondiente Ministerio de Educación busca fórmulas para asegurar educación compensatoria a los sectores más carentes, así como perfeccionar los mecanismos de una necesaria fiscalización al sector privado. En Argentina, pese a la descentralización creciente del sector público, éste sigue siendo predominante. El Estado busca suscitar el interés del sector privado para que se sume en la financiación de escuelas o colegios; pero, en general, no ha manifestado deseo de abandonar su responsabilidad primordial en el financiamiento de la escuela pública.

Paraguay tiene una situación similar, aunque es importante esperar la sanción de la Ley de Educación, que en ese momento estaba discutiéndose en el Parlamento. Brasil tiene un panorama sensiblemente diferente, porque si bien es cierto que el Estado financia la educación pública y la gestiona directamente, hay en los últimos años importantes experiencias de privatización de la gestión, contrastando con grupos comunitarios o profesionales que forman cooperativas a tales efectos. Estas cooperativas se encargan de la gestión administrativa, financiera y curricular de escuelas en varios Estados (las experiencias que se analizaron estaban en San Pablo y Minas Gerais pero se extenderían a otros Estados). Por otra parte, Brasil históricamente financió a nivel estadual la educación primaria, mientras la jurisdicción federal se concentró en los niveles medio y superior. El Estado Federal sostiene también importantes programas sociales para las poblaciones carentes, los que proveen de textos y otros materiales educativos y de alimentos a las escuelas necesitadas. La presencia del sector público, para ellos es importe aún hoy y no hay en lo inmediato proyectos de que esta situación tienda a cambiar, salvo en la línea de descentralizar la gestión que se dejó expuesta más arriba. En Uruguay la línea sigue siendo que el Estado debe regir y financiar la educación pública; y no se perciben tendencias cuestionadoras, salvo algunas opiniones que quisieran disminuir el compromiso financiero del Estado en el sector; pero esas opiniones provienen del área económica y no del ambiente educativo.

Pese a lo indicado, sobre la debilidad de las orientaciones privatistas en educación, en estos países existe una tendencia en ese sentido, la que por ser impulsada por responsables del sector económico —que tienen cierto liderazgo en la toma de decisiones referentes a la financiación del Estado— resulta necesario tener en cuenta.