1. ¿Cómo caracterizas a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE) y cuáles son -a tu criterio- los factores que determinan su relevancia?

Para responder a esta pregunta, sintetizaré algunos antecedentes. En el año 2007, en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizaría en noviembre de ese año en Santiago de Chile, el CLAD -en su condición de Secretaría Técnica Permanente- convocó la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que se reunió en Pucón, República de Chile, los días 31 de mayo y 1° de junio de 2007.

Esta Conferencia Ministerial contó con el co-auspicio del Gobierno de España, por medio del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), así como con la generosa hospitalidad y colaboración logística del Gobierno de Chile a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

En este encuentro ministerial se presentó, debatió y aprobó una iniciativa del CLAD de trascendental importancia para Iberoamérica, la cual fue recogida en el “Consenso de Pucón”: la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE)”.

Bajo el entendido de que el Gobierno Electrónico o Administración Electrónica (se asume la sinonimia de ambas expresiones) no puede ser un proceso inocuo o neutro de “descarga tecnológica” sobre la gestión pública, sino que debe sustentarse en un fuerte compromiso para lograr una gestión pública centrada en los intereses de los ciudadanos, mediante la aprobación de la CIGE -propuesta por el CLAD- los ministros de los países de Iberoamérica contrajeron un firme compromiso de reducir la brecha digital y de constituir a las respectivas sociedades de la información y del conocimiento en una oportunidad para todas las personas, especialmente mediante la inclusión de aquellas que corren peligro de quedar rezagadas.

En la CIGE, posteriormente adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile el 10/11/2007, tal como consta en la Resolución Nº 18 de la Declaración de Santiago, se proporcionan bases conceptuales, principios rectores y mecanismos para orientar la gestión del e-Gobierno en los países de Iberoamérica, adoptando como eje el derecho de los ciudadanos a relacionarse por vía electrónica con sus gobiernos y administraciones públicas.

Los factores que determinan la relevancia de la CIGE son, a mi criterio, los siguientes:

a) en la faz política, la CIGE representa la instrumentación de un compromiso concertado por los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado de los países de Iberoamérica, y posteriormente ratificado por los respectivos Jefes de Estado y de Gobierno,
b) en la faz estratégica: la CIGE provee claros principios, lineamientos y ejes de acción para promover el efectivo ejercicio del derecho de los ciudadanos al e-Gobierno, con las correlativas obligaciones de los gobiernos y administraciones públicas,
c) en la faz operativa, la CIGE proporciona nítidos lineamientos en relación a cuestiones claves vinculadas al e-Gobierno, tales como la identificación, la seguridad, la responsabilidad, la interoperabilidad, el planeamiento, los procesos de transformación, entre otros,
d) en la faz socio-cultural y cívica, la CIGE potencia a todas las personas, al disponer que la demanda de los ciudadanos será un factor determinante para la implantación, desarrollo y consolidación del e-Gobierno,
e) en la faz tecnológica, la CIGE provee criterios rectores en relación a cuestiones claves atinentes a equipamiento, software, gestión de datos y provisión de información y servicios.

2. ¿Cuál es el mayor aporte de la CIGE en relación con los compromisos y declaraciones suscritos por los países de Iberoamérica en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Túnez), en la Declaración de Santo Domingo y en e-LAC 2007 y 2010?

Mediante la CIGE se asume el valioso significado y alcance que hoy tiene para todos los países de Iberoamérica el empleo de las TIC por parte de los gobiernos y las administraciones públicas, subrayándose que la perspectiva desde la que debe abordarse el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano y sus derechos.

Con este reconocimiento expreso del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con los gobiernos y administraciones públicas, se adopta la estrategia de que sea la demanda ciudadana el factor determinante que impulse una transformación de la gestión pública que comprenda la implantación, desarrollo y consolidación del e-Gobierno en los países iberoamericanos.

Como contraparte, la CIGE establece que los Estados nacionales adquieren la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho de los ciudadanos mediante la creación de las condiciones y la implantación de los instrumentos que permitan el funcionamiento del e-Gobierno, asegurando: la identificación de los ciudadanos, administraciones públicas, instituciones y organismos, funcionarios y agentes que empleen medios electrónicos, así como la autenticidad de los documentos electrónicos, la oferta de información al público por medios accesibles para todos los ciudadanos, la responsabilidad por la información contenida en los sitios de e-Gobierno; la regulación y establecimiento de registros electrónicos, las recepción y acuse automático de recibo de comunicaciones, procedimiento de notificaciones y régimen de los documentos y archivos electrónicos.

Con tales orientaciones, la CIGE determina las bases conceptuales y los componentes del e-Gobierno para Iberoamérica; define los contenidos del derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con sus gobiernos y administraciones públicas; crea un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre el e-Gobierno en los países de Iberoamérica; y orienta el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de modelos nacionales de e-Gobierno en la gestión pública.

Manifestamos nuestra firme convicción de que este cuerpo normativo de conceptos, valores y orientaciones de e-Gobierno contribuirá -de manera significativa- a alcanzar una mejor gestión pública al servicio de los pueblos de nuestra Comunidad Iberoamericana.

3. ¿Cuál es la posición del CLAD en relación con la posibilidad de concertar líneas de acción, integrar esfuerzos y aprovechar sinergias entre las distintas iniciativas de cooperación para el desarrollo del e-Gobierno y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en los países de Iberoamérica?

Nuestra posición oficial contempla centralmente la prioridad de conjugar esfuerzos, crear sinergias, establecer alianzas y coordinarnos en los niveles internacional, continental y regional, para que podamos avanzar conjuntamente hacia una gestión pública que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de nuestros pueblos.

Con tal finalidad, el CLAD pone a disposición de todas las instituciones involucradas su vasta experiencia y sus capacidades en la coordinación de proyectos y en la gestión de redes interinstitucionales.