Para tener en cuenta

1. El Poder Judicial: caracterización

En las diversas esferas de la vida humana pueden presentarse distintos tipos de conflictos, desde problemas familiares, vecinales, societarios, comerciales, penales (por supuestos delitos), ó administrativos (entre ciudadanos y el Estado), En general, nuestras Constituciones garantizan a los habitantes el derecho a efectuar planteos ante los tribunales del Poder Judicial.

El Poder Judicial tiene la obligación de resolver las causas que son sometidas a su conocimiento. Una vez que se inicia un juicio, se denuncia un hecho delictivo o se lo instruye de oficio, los jueces tienen la obligación de desarrollar el procedimiento (proceso) judicial y dictar sentencia.

La competencia determina la obligación propia del juez de resolver los asuntos que le correspondan. Está determinada por el territorio (justicia federal, estatal o provincial) y por la materia (por ejemplo: civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, penal).

A continuación se exhibe una sinopsis genérica de estados procesales.
 

 














































Fuente: Tesoro, J.L., “Mapa del Poder Judicial: infografía de estados procesales”, Instituto Nacional de la Administración Pública, Buenos Aires, 2005. (documento no publicado)

2.- Recensión bibliográfica

Delgado, Ana María; Oliver, Rafael (2007): «Iniciativas recientes de la e-justicia en España». En: «E-justicia» [monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. Nº 4, UOC ISSN 1699-8154.
Fecha de publicación: febrero de 2007 [Fecha de consulta:28/04/2008]. http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/delgado_oliver.html
http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/delgado_oliver.pdf

Reseña

Las TIC son instrumentos necesarios para garantizar una justicia rápida, de calidad y eficaz, con una información y servicios integrados que posibiliten además la interacción de los operadores jurídicos y el ciudadano. La Administración de Justicia electrónica puede permitir aumentar el número de servicios prestados, mejorar la calidad, racionalizar esfuerzos y recursos, así como abrir nuevos canales de actuación, comunicación e información a todos los operadores jurídicos y los ciudadanos. En resumen, las TIC pueden posibilitar una justicia de calidad y al mismo tiempo, abierta, transparente y próxima al ciudadano.

La aplicación de las TIC en la Administración de Justicia puede desarrollarse en cuatro ámbitos de actuación: a) gestión y tratamiento de información (por ejemplo: bases de datos, intercambio de datos), b) gestión de procesos (por ejemplo; asignación y gestión de casos), c) apoyo a la decisión judicial (informática decisional), y d) comunicación e interacción entre ciudadanos y operadores jurídicos (por ejemplo; notificaciones telemáticas, presentación telemática de escritos).

En España, la incorporación de TIC en la Justicia respondió a tres etapas claramente diferenciadas. Una primera, a inicios de los años ochenta, de toma de contacto con las TIC (proyecto Inforius), con una destacada participación de algunas comunidades autónomas (País Vasco y Cataluña) y caracterizada por su aplicación en la organización interna de la Administración de Justicia, destinada al personal administrativo y consistente en programas de tratamiento de textos y gestión de documentos (bases de datos, normalización de citaciones y notificaciones, etc.). Una segunda, en los años noventa, liderada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de desarrollo de programas informáticos de mayor alcance y de garantía de compatibilidad de los sistemas informáticos (proyectos Libra). Una tercera, a partir de 2001, en el que se firma el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que coincide con la modernización e informatización de la nueva Oficina Judicial y en la que se están llevando a cabo diversas iniciativas.

En efecto, como consecuencia del mencionado Pacto, desde el Ministerio de Justicia (Dirección General de Nuevas Tecnologías) se ha impulsado el denominado «Plan Estratégico de Modernización Tecnológica»,que se ha concretado en una serie de proyectos encaminados a incorporar las TIC en el ámbito judicial.

Por su parte, el CGPJ, a través de su Comisión de Organización y Modernización Judicial, ha impulsado también el proyecto «e-Justicia » con el objetivo de mejorar la imagen de la justicia y dar un mejor servicio a los ciudadanos, para dar cumplimiento a las exigencias de los ciudadanos recogidas en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia del 2002. Se trata de un proyecto integral en el que se hallan englobados, a su vez, diversos programas y proyectos para intentar que la justicia electrónica sea una realidad.

El estudio se refiere centralmente a los sistemas Minerva y Lexnet, al Punto Neutro Judicial (nodo central de comunicaciones), al programa Inter-Ius y a la Nueva Oficina Judicial, cuyo objetivo es lograr una justicia totalmente informatizada, desterrando progresivamente el soporte papel de los procesos judiciales. Asimismo, se refiere al Plan de Transparencia Judicial como instrumento para lograr una justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada, previendo asimismo la creación de oficinas de atención al ciudadano en todo el territorio nacional, para que el ciudadano disponga -por medios telemáticos de fácil acceso- de información general y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos de los distintos procedimientos judiciales.