Entrevista a Dorval Brunelle y Yalina Molina Blandon

Por José Luis Tesoro (Argentina) 


       
 

1.- ¿Dentro de las múltiples acepciones del término Gobernabilidad: ¿Cuál creen que resulta más pertinente a los fines de esta entrevista?

En efecto, el concepto de gobernabilidad es amplio y presenta varias dimensiones. Se lo puede definir como la capacidad de los gobiernos de trazar y lograr objetivos, de establecer interrelaciones entre los ciudadanos y entre los diferentes grupos sociales (Delgado Romero, R.); como la habilidad de gobernar, de procesar y aplicar decisiones políticas en forma institucional; o bien como la capacidad de gobernar cualquier sistema político, sea democrático o no (Loyo Hernández, J.C).

En el sistema interamericano, y este es uno de los objetivos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se promueve la gobernabilidad y se la presenta como el proceso que asegura las condiciones para consolidar los procesos democráticos en la región. En este sentido es pertinente utilizar la expresión “gobernabilidad democrática” para hacer referencia a un modelo de gobierno que sea capaz de hacer frente a los desafíos que enfrentan los países de la región en el actual contexto de globalización económica a través de instituciones y políticas que favorezcan y tomen en cuenta los intereses de los ciudadanos en el marco del estado de derecho y del pleno respeto de los derechos civiles. Es decir un modelo de gobierno que permita establecer, como lo señala Álvaro Franco, una interacción sólida con la sociedad y sus actores.

Se procura entonces promover un modelo que no sólo implique un gobierno con la capacidad de dirigir el proceso de desarrollo, sino también capaz de plasmar y sustentar espacios para que los diferentes actores de la sociedad puedan concertar y crear las condiciones para la estabilidad. Como lo afirma Filmus Dreyfus, la gobernabilidad sería entonces el resultado de un proceso complejo y amplio que requiere el compromiso, de todos los actores implicados, de someterse a las reglas establecidas en forma consensual.

2.- ¿De acuerdo con la acepción convenida: ¿Qué factores potencian o favorecen y qué factores condicionan o limitan la Gobernabilidad democrática en los países de América Latina?

La pobreza, la exclusión y la desigualdad social son los grandes problemas que condicionan o limitan tanto el proceso de gobernabilidad como el de consolidación de la democracia en América Latina. El hecho de que las dirigencias de muchos de estos países no hayan logrado satisfacer las necesidades básicas de la población en materia de protección social, salud, empleo, vivienda o educación, lleva a los ciudadanos a no confiar en las instituciones del Estado, creando una situación de gran inestabilidad social y política que pone en peligro la consolidación de los respectivos procesos democráticos.

Por ello, los planes y proyectos de gobernabilidad para la región y de fortalecimiento de la democracia deben sustentarse en una visión o enfoque integral de estos problemas, a fin de encauzar su resolución y buscar mecanismos idóneos para contribuir a fortalecer los procesos democráticos. Los espacios de diálogo favorecen la interacción entre los actores y contribuyen al equilibrio institucional, favorecen la toma de decisiones sobre cuestiones prioritarias y permiten una mejor evaluación de resultados e impactos de las políticas públicas. Como lo señala Ángel Saldomado, se trata de encontrar los mecanismos más pertinentes en la búsqueda de consenso para lograr acuerdos sociales nacionales.

De igual manera, el respeto de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho, la justicia, la seguridad, la participación ciudadana, la transparencia y la gestión responsable de los gobernantes contribuyen al fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad.

Otro aspecto relevante es la lucha contra la corrupción y la impunidad, uno de los principales ejes de acción promovidos por la OEA y uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, tal como se expresa en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción adoptada en 1996 y que ha sido abordado en la Segunda Cumbre celebrada en Santiago en 1998, en la Cumbre extraordinaria celebrada en Monterrey (México) en 2004 y en la Cuarta Cumbre celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 2005.

Pero como bien se señala en el Informe preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la Democracia en América Latina del año 2004, para avanzar en el proceso de democratización en estos países, se debe tomar en cuenta tanto los problemas comunes que afectan a la región como también la situación de cada uno de los países. De ahí la importancia de trabajar en forma integral tanto el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, la gestión de financiamiento, así como las cuestiones críticas y los problemas prioritarios, a fin de poder construir políticas eficientes para atacar los problemas más serios de la región como son la pobreza y la desigualdad. Los diversos instrumentos elaborados en el seno de la OEA y en las Cumbres de las Américas privilegian este enfoque integral para avanzar en los procesos.

3.- ¿Cómo caracterizarían la situación actual de los países de América Latina en términos de Gobernabilidad?

Con una mirada panorámica resulta claro que el proceso de democratización es desigual e inestable en la región. Los altos niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad vuelven frágiles los procesos democráticos y los exponen al estallido de crisis de gobernabilidad en algunos de estos países.

Si bien existen marcadas diferencias entre los países de la región, hay problemas comunes en lo relativo al proceso democrático y su consolidación, frente a los cuales cada país debe establecer sus propias prioridades y planes de acción para darles respuesta sobre la base de un consenso entre los diferentes sectores de la población y los actores políticos. Resulta claro que los procesos de democratización no pueden limitarse a garantizar procesos electorales libres y transparentes, dado que ello no resuelve –por sí- los problemas de los países de la región. Hoy en día, la mayor parte de esos países cuentan con gobiernos elegidos democráticamente y se debe continuar haciendo esfuerzos y trabajando en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en cómo establecer una interacción efectiva con la sociedad, cómo fortalecer sus instituciones y favorecer la participación de todos los sectores de la sociedad, en particular de los grupos más vulnerables. Como expresa Andrea Alcira García, los partidos políticos, la división de poderes y el sistema electoral son parte del problema si no se logra la coordinación y los acuerdos entre los diferentes grupos sociales.

Es necesario entonces promover la organización y participación de la sociedad civil a través de diferentes organizaciones, ya sean sindicatos, movimientos indígenas, movimientos de mujeres, asociaciones de jóvenes, culturales, etc., para que puedan ejercer sus derechos, efectuar sus demandas y defender sus intereses. Pero el fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad requiere también la participación activa y responsable de los partidos políticos, de actores políticos que dejen gobernar al partido elegido democráticamente, que apoyen y participen en el logro de consensos políticos hacia objetivos nacionales dirigidos a favorecer a la población. Los actores políticos juegan un papel importante en el proceso de gobernabilidad democrática porque constituyen un nexo para canalizar las demandas de la población representando sus intereses. El ejercicio de un buen gobierno depende en gran medida del papel que desempeñen estos actores y de la capacidad de poner los intereses de la nación y del pueblo por encima de los intereses particulares. Para recuperar la confianza ciudadana y lograr mayor eficiencia en la gestión pública, los gobiernos y los actores políticos deben mostrar voluntad política para avanzar en la resolución de los graves problemas que afectan a la región, actuar con responsabilidad en la elaboración e implementación de sus programas de gobierno.
 
Avanzar en un proceso de gobernabilidad supone justamente una gestión responsable, como también la existencia de los mecanismos y medios para hacer viables las reformas institucionales a fin de responder a las demandas de la población. Por ello es necesario asegurar la participación de todos los grupos sociales en la búsqueda de alternativas para avanzar en la resolución de los problemas que los afectan. Estos son algunos de los grandes desafíos que se deben enfrentar en los procesos de construcción y consolidación de la gobernabilidad democrática en cada uno de los países de América Latina.

4.- ¿En qué medida creen que las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el e-Gobierno pueden facilitar la consolidación de los procesos democráticos y de la gobernabilidad en los países de América Latina?

Las TIC y el e-Gobierno, como parte de las estrategias de modernización de la administración pública, se han convertido en una herramienta facilitadora de los procesos democráticos. Al permitir aumentos de eficiencia y transparencia en la provisión de información y servicios, facilitando el control por parte de los ciudadanos y de organizaciones sociales privadas o públicas, constituyen un medio de interacción eficaz entre el gobierno y los ciudadanos. En los países de América Latina, cuyos procesos de democratización aparecen muchas veces marcados por crisis sociales, económicas y políticas, las TIC pueden constituirse en un medio de control ciudadano sobre el gobierno, sus legisladores y en general sobre todas las acciones de ámbito público. Esto genera una mayor transparencia y una mayor participación ciudadana, factores importantes tanto para el fortalecimiento de la democracia como para el avance del proceso de gobernabilidad.

Si bien el uso de estas herramientas se ha venido generalizando en los países latinoamericanos, puede constatarse que existen notorias disparidades entre los países, debido a los diferentes niveles de desarrollo alcanzado, a la infraestructura institucional y tecnológica, a la capacidad en inversión en tecnología y en comunicaciones. Así tenemos por ejemplo que Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay exhiben alta capacidad relativa para poner en funcionamiento programas de e-Gobierno, que Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia cuentan con una infraestructura media, mientras que los países centroamericanos y del Caribe disponen de menor capacidad (Mila Gascó).

Los beneficios del e-Gobierno se encuentran entonces condicionados, en gran medida, al nivel o capacidad tecnológica de los países y a la disponibilidad de recursos para hacer viables sus respectivos proyectos. Es evidente que si el acceso a la tecnología es bajo, el porcentaje de la población que se verá beneficiado con este medio también será reducido. Por lo tanto, con el propósito de maximizar el rendimiento de los recursos asignados a programas y proyectos de e-Gobierno, debe tomarse en consideración la infraestructura con la que cuenta cada país, las condiciones y capacidades necesarias para la adecuada operación de dichas tecnologías, verificando que sean compatibles con el nivel de desarrollo del país.

En consecuencia, la efectividad de las TIC y del e-Gobierno como herramientas para consolidar los procesos democráticos y plasmar las condiciones para su propia gobernabilidad está condicionada por una serie de factores político-institucionales, sociales, económicos y culturales de cada país, pero también por los objetivos de quienes las promueven, el grado de consolidación en que se encuentran los procesos de reforma del Estado y de modernización de la administración pública y la voluntad política de integrar dichas herramientas dentro de las estrategias y políticas nacionales de desarrollo.