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Entrevista a Erick Iriarte Ahon (Perú)
           
   Por José Luis Tesoro (Argentina)



1.- ¿Cómo caracterizarías la relevancia del marco jurídico como factor determinante o condicionante del desarrollo y desempeño de la Sociedad de la Información?

Para el desarrollo armónico de una Sociedad de la Información, tanto a nivel nacional como supranacional deben existir políticas de Estado relativas a la inserción y utilización de las TIC para el Desarrollo, que tracen claros lineamientos políticos acerca de por dónde debe discurrir el desarrollo del Estado a la luz de la Sociedad de la Información (SI). Es en el marco de dichas políticas que adquieren sentido los procesos de regulación, puesto que éstos deben ser esencialmente instrumentos de tales políticas.

Pero lamentablemente es habitual que se recurra a los procesos regulatorios sin tener claramente delimitados los procesos políticos, con lo cual, aun teniendo propuestas regulatorias relevantes, se quedan sin un sustento de largo aliento. Ello resulta aun más grave cuando se trata de fenómenos transfronterizos como la SI, que exigen tener políticas nacionales claramente definidas en un marco de políticas regionales también definidas. Como resultado, los procesos de regulación resultan teniendo un componente básico de armonización normativa necesario en un proceso como el de SI.

Los marcos regulatorios son un factor clave para el desarrollo de la SI como instrumentos de políticas claramente definidas. Si no existen políticas claras, los marcos regulatorios pueden resultar útiles para el manejo transitorio de cuestiones de SI y e-Gobierno, pero estarán condenados a una vida efímera al no contar con un “norte" político.

2.- ¿Existe una configuración relativamente estandarizada del marco jurídico de la Sociedad de la Información y del Gobierno Electrónico, o la misma debe adaptarse a las necesidades y al contexto político-institucional, económico, tecnológico, social y cultural de cada sociedad?

Uno de los principios jurídicos básicos es el concepto de "ubi societas, ubi ius", donde hay una sociedad hay un derecho, es decir que el derecho debe seguir a los fenómenos sociales. Siendo así, los procesos jurídicos están marcados por las necesidades y el contexto social existente en cada sociedad. Esto ha llevado a -al menos- tres modelos de regulación. El primer modelo es el de adaptación normativa; es decir, la legislación preexistente se adecua a los fenómenos tecnológicos, completando de esta manera el marco regulatorio. Un segundo modelo es el que ha establecido que el fenómeno tecnológico supera a la regulación vigente, por lo que se requiere establecer nueva legislación completa. Un tercer modelo –intermedio- propone adecuar la legislación vigente y completar la regulación ante fenómenos nuevos que se presentan con la SI. Este tercer modelo es el que se presenta como más adecuado.

Debemos tener en claro que, dada la característica de fenómeno transfronterizo de la SI, cualquier modelo regulatorio que se utilice debe contemplar –necesariamente- un conjunto de Puntos Mínimos Regulatorios (PMR) que permitan una armonización normativa entre los diversos países, de modo tal que no se generen "islas" que impidan una adecuada regulación de estos fenómenos transfronterizos.



3.- ¿Cuáles son los principales factores del contexto político-institucional, económico, tecnológico, social y cultural que ­en cada sociedad- deben tenerse en cuenta para el desarrollo del marco jurídico de la Sociedad de la Información y del Gobierno Electrónico?

Tal como indicábamos al inicio, es clave el marco político en el cual se desarrollaran los instrumentos jurídicos, dado que los mismos servirán para la consecución de las políticas de Estado. Como consecuencia, es clave entender los fenómenos sociales como parte de un contexto global, en tanto que -a diferencia de otros procesos sociales- la SI se caracteriza por una interrelación que trasciende las fronteras. Por tal motivo, los denominados Puntos Mínimos Regulatorios (PMR) resultan claves en estos procesos, puesto que sirven como elementos básicos a contemplar, a los cuales se agregarán los componentes propios de cada sociedad, pero mantendrán la armonización a escala supranacional.

De manera especial queremos indicar que no es entendible un solo factor especial para el desarrollo de un marco jurídico. Sin embargo, cuanto más alta sea la incursión y penetración de la tecnología en la sociedad y esta penetración se encuentre con un marco político pertinente, la implementación del desarrollo regulatorio resultará más sencilla y mayor será su impacto real.

4.- ¿Cómo percibes que nos hallamos los países de América Latina en cuanto a efectividad del marco jurídico para promover un adecuado desarrollo de la Sociedad de la Información y del Gobierno Electrónico?
 
A diferencia de lo que muchos expresan, América Latina cuenta con un amplio desarrollo normativo en las materias ligadas a SI y e-Gobierno, pero dicho desarrollo normativo no está ligado a políticas nacionales ni regionales. Como consecuencia, pueden variar sus enfoques y hasta pueden manifestarse notorias inconsistencias. Esto además conlleva a que el desarrollo de Puntos Mínimos Regulatorios (PMR) sea esencial como base para la armonización normativa. La problemática no reside tanto en los niveles nacionales, dado que ya muchos de los países de la región han avanzado en la regulación, sino en cómo dicha regulación se enmarca en procesos regionales, de modo tal que sirvan, por ejemplo, para el desarrollo de mecanismos de interoperabilidad que permitan que los documentos electrónicos emitidos por un país tengan validez en otros de los países.

Ahora bien, los países de la región no han avanzado en medida análoga en todos los temas y hay disímiles grados de avance en diversos temas claves, tales como Firma Digital, Contratación Electrónica, Privacidad y Protección de Datos, Delitos por Medios Electrónicos y Delitos Informáticos, Validez del Documento Electrónico, SPAM, entre otros. Pero podemos decir que es necesario un desarrollo de políticas que se constituya en un espacio fértil para desarrollar regulaciones idóneas, y en el caso de que esas políticas estén dadas, las regulaciones deben desarrollarse en un marco de armonización normativa regional.

5.- ¿Podría clasificarse a los distintos países en categorías en relación a los valores, principios y contenidos de sus marcos jurídicos en lo relativo a la Sociedad de la Información?

Parte del proyecto que Alfa-Redi viene realizando en la materia se dirige a establecer un Índice de Regulación para la región, de manera tal que pueda establecerse un ranking sobre los avances regulatorios. Sin embargo, debemos indicar que este esfuerzo se encuentra en sus fases iniciales.

Por otro lado cabe señalar que hay países y regiones que han desarrollado más determinados temas, pero que aún manifiestan retraso en otras áreas temáticas, por ejemplo los países de la región andina han desarrollado regulación en materia de Firma Digital, pero la misma no se encuentra armonizada; en el área del Mercosur hay un mayor desarrollo en temas de Protección de Datos, pero no así en las demás las subregiones de América Latina.

Pero tampoco se puede hacer un índice sólo basado en las nuevas regulaciones, sino que deben computarse también las adaptaciones sustentadas en normas preexistentes, dado que aun siendo una forma distinta de desarrollo normativo, tiene un efecto de relevancia similar al de una ley específica. Dependiendo del instrumento y de los criterios que adoptemos para el análisis, por ahora resulta sumamente difícil establecer una categorización en la temática.

6.- ¿Cómo percibes la formación de funcionarios en cuestiones atinentes al marco jurídico del e-Gobierno? ¿A qué sectores priorizarías y que cuestiones impartirías en ese tipo de formación?

La formación de funcionarios en estas temáticas es de vital importancia, en tanto que se enfrentan no solo a marcos normativos preexistentes, sino a fenómenos sociales que se encuentran en desarrollo y en permanente evolución. Los funcionarios deben saber lidiar con dichos fenómenos para poder establecer y aplicar políticas y regulaciones especificas.

La formación de especialistas está guiada por el principio de generación de capacidades en los actores, de manera que puedan utilizar la información adquirida y transformarla en conocimiento útil para su labor en materia de e-Gobierno.

Se debe formar, en primera instancia, a los actores de enlace o de apoyo a quienes elaboran las políticas, así como a los tomadores de decisiones en las diversas instancias gubernamentales, de modo que puedan contar con información relevante de lo que viene ocurriendo en la región y en sus respectivos países. De este modo, se contribuirá a que sus desarrollos normativos no queden como "islas" sino que puedan integrarse dentro de los procesos de armonización normativa que ocurren en la región.

7.- ¿Deseas agregar alguna cuestión adicional de tu especial interés?

Es clave que los procesos de e-Gobierno se entiendan dentro de un proceso de reenfoque de los procesos gubernamentales de cara al ciudadano, donde los instrumentos electrónicos son una herramienta clave en el marco de esta Sociedad de la Información en la cual estamos inmersos. Es importante que las acciones de los actores gubernamentales se encuadren dentro de políticas de estado que tengan componentes de TIC para el Desarrollo que sirvan como base para desarrollar un marco regulatorio armónico. Asimismo, se debe fomentar la generación de Puntos Mínimos Regulatorios que sirvan de base para los procesos de armonización normativa regional.

La inclusión en la Sociedad de la Información es un proceso en el cual nos hallamos inmersos todos: los conectados y los no conectados: Es clave que comprendamos que esta realidad es irreversible y tiene el potencial de impulsar a nuestros países hacia un desarrollo con justicia social y democracia.

Referencias:
Alfa-Redi (http://www.alfa-redi.org)
Proyecto LatinoamerICANN (http://www.latinoamericann.org)
Internet Governance Forum - MAG (http://www.intgovforum.org)