11 de Diciembre de 2018
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Colección: INTERAMER
Número: 69
Año: 2000
Autor: Ramón López and Juan Carlos Jordán, Editores
Título: Desarrollo Sostenible en América Latina: La Sinergía entre el Financiamento y las Políticas

Recuadro 6

FUNDEPÚBLICO

La Fundación para la Defensa del Interés Público (FUNDEPÚBLICO), creada en 1989, es una organización no gubernamental de Colombia que tiene el objetivo de defender los derechos públicos de la sociedad mediante acciones judiciales. Luego de la publicación de un libro sobre acciones populares en 1989 por parte de su Presidente, Germán Sarmiento, FUNDEPÚBLICO se concentró en las acciones populares y luego también en las de tutela. Recientemente, FUNDEPÚBLICO ha establecido un fondo legal para el medio ambiente destinado a financiar las acciones judiciales y de otro tipo encaminadas a defender el medio ambiente. El Fondo está parcialmente financiado por compensaciones monetarias que recibe de las acciones populares (del 10% al 30% de las compensaciones pecuniarias).

La primera acción popular de FUNDEPÚBLICO se interpuso contra una empresa química del Estado, Alcalis de Colombia. De acuerdo con la entidad local de medio ambiente, la empresa era la principal fuente de contaminación industrial del río Bogotá, pues vertía los contaminantes en violación de las normas ambientales. La acción dio lugar a una orden judicial de suspensión de todo vertimiento de este tipo y se llegó a un acuerdo sobre la clausura eventual de la planta contaminante. Otras acciones populares iniciadas por FUNDEPÚBLICO se encaminaron contra una planta química que contaminaba la bahía de Cartagena y contra una gran empresa maderera que operaba ilegalmente en la reserva indígena de Chagerado, en el departamento de Antioquia. Otra acción popular se interpuso contra Cementos Diamante, que dio lugar a una orden judicial por la que debía instalar un filtro para controlar la contaminación.

FUNDEPÚBLICO inició acciones de tutela contra autoridades del Estado en los casos en que se habían violado los requisitos procesales, como la no preparación de una evaluación ambiental o la no presentación de la misma a la comunidad afectada. Estas omisiones constituyen infracciones de los derechos fundamentales al debido proceso y están sujetas a la acción de tutela. Asimismo, la realización de actividades sin los permisos y licencias pertinentes o sin cumplir las condiciones impuestas en los permisos puede constituir una violación del derecho constitucional a un medio ambiente saludable y está sujeta a la acción de tutela.