21 de Abril de 2018
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Colección: INTERAMER
Número: 69
Año: 2000
Autor: Ramón López and Juan Carlos Jordán, Editores
Título: Desarrollo Sostenible en América Latina: La Sinergía entre el Financiamento y las Políticas

Recuadro 5

Corrupción

En algunos países la corrupción inhibe los esfuerzos por hacer cumplir las normas sobre medio ambiente. Los bajos salarios del personal y la escasa supervisión interna de las actividades reguladoras crean un entorno en el que puede resultar más barato el soborno que las inversiones necesarias para evitar daños contra el medio ambiente. En un clima de corrupción, aún más que en su ausencia, tanto la acción ciudadana como la vigilancia del sector privado inciden en forma determinante en el grado del cumplimiento de la normativa. Al permitirse la vigilancia privada de las decisiones estatales se cuenta con un control directo de la corrupción, y permitir que las entidades privadas interpongan acciones contra otras entidades privadas que provocan daños ambientales ofrece un control indirecto que a veces puede resultar sumamente eficaz.

El soborno de los funcionarios públicos es una estrategia efectiva sólo cuando estos funcionarios tienen suficiente control del proceso de aplicación de la legislación y pueden ofrecer a la empresa sobornante inmunidad contra toda acción coercitiva. En tanto la aplicación de la legislación sea de dominio exclusivo del sector público, el soborno es un instrumento valioso por la inmunidad que los funcionarios públicos pueden garantizar. Sin embargo, cuando entran en escena las entidades privadas encargadas de hacer cumplir la legislación, los funcionarios públicos ya no pueden garantizar la inmunidad. El soborno se transforma así en una estrategia menos segura y, por tanto, menos interesante.

Por otro lado, es preciso considerar detenidamente el diseño de los procedimientos para la acción y toda protección necesaria de la identidad. En las sociedades en las que la policía puede aplicar la ley por su cuenta, puede ser contraproducente exigir que los demandantes den su nombre y demás información personal en las demandas, pues los podría exponer a la acción de cualquiera que tuviera acceso a esos datos. Se ha denunciado que en Paraguay la introducción de este requisito ha determinado una reducción de las demandas (Lawyers Committee for Human Rights, 1998).