21 de Septiembre de 2018
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Colección: INTERAMER
Número: 69
Año: 2000
Autor: Ramón López and Juan Carlos Jordán, Editores
Título: Desarrollo Sostenible en América Latina: La Sinergía entre el Financiamento y las Políticas

Introducción

Cada vez se reconoce más la necesidad de hacer cumplir con eficacia la legislación sobre medio ambiente en América Latina y el Caribe. En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra (diciembre de 1996), se afirma que los países elaborarán “mecanismos nacionales para el cumplimiento eficaz de nuestras leyes y disposiciones pertinentes y de las correspondientes normas internacionales”.

El reconocimiento político de la importancia del cumplimiento de la legislación ambiental seguramente deriva de la conciencia de que la medida en que la política pública puede mejorar la calidad del medio ambiente depende no sólo de la idoneidad intrínseca del diseño de la política, sino también de la eficacia con que se la haga cumplir. Políticas que al principio parecen prometedoras pueden con el tiempo demostrar ser inadecuadas si son difíciles de aplicar o si se aplican en forma demasiado negligente. La ejecución de una estrategia de desarrollo sostenible exige, para tener éxito, prestar cuidadosa atención a las consecuencias ambientales de las actividades económicas. Desconocer estos efectos ambientales o pensar que carecen de consecuencias puede socavar la salud humana y de los ecosistemas, así como la base de recursos de la que en última instancia depende el desarrollo económico (Tietenberg, 1996).

El cumplimiento de la legislación ambiental puede definirse en términos generales como “el conjunto de medidas que los gobiernos y otras entidades pueden adoptar para alentar e imponer el cumplimiento de los requisitos ambientales” (Wasserman, 1994). La aplicación de la legislación ambiental es obviamente importante para proteger la calidad del medio ambiente y la salud pública. Cuando se proyectan y aplican con eficacia medidas en esta esfera, la aplicación coercitiva de la normativa ambiental también contribuye a fortalecer la credibilidad de los requisitos sobre medio ambiente, a garantizar la equidad y a reducir los costos y la responsabilidad civil (Wasserman, 1994). En general, la ausencia de una respuesta oficial a las violaciones podría socavar la credibilidad de la legislación y de los organismos gubernamentales de control del medio ambiente. Esta falta de credibilidad, a su vez, puede imponer un costo importante a la economía y conspirar contra los empeños por atraer inversiones. Además, en un sistema que no cuente con un orden de prioridades coherente y con una política sistemática encaminada a detectar las industrias contaminantes, los costos de perseguir el control de la contaminación serán excesivos. En este caso, el control se hace donde se ofrece menor resistencia y no donde los costos son más bajos o los beneficios mayores (World Bank, 1996).

Sin embargo, todavía no se ha determinado a ciencia cierta cuál es la mejor manera de enfocar las actividades de hacer cumplir la legislación ambiental para lograr eficiencia en función del costo (para obtener el máximo beneficio en función del costo o el máximo beneficio neto). Ello depende en buena medida de la idoneidad de las leyes y disposiciones ambientales, pero también de los costos vinculados a las actividades encaminadas a hacerlas cumplir, como la supervisión, y la disponibilidad de instrumentos y de capacidad institucional, incluido el poder judicial. En este informe se describen algunos de los hechos recientes registrados a este respecto en América Latina y el Caribe. También se procurará determinar si las multas ambientales pueden contribuir a la generación de ingresos y se subrayarán algunos de los cambios que se están registrando en la esfera del cumplimiento de la legislación ambiental mediante una creciente acción privada y el cumplimiento voluntario. Si bien la aplicación de la legislación ambiental por entidades privadas puede traer a esta esfera a protagonistas no tradicionales, como las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas, los programas de observancia voluntaria se encaminan a los posibles contaminadores (“la comunidad de entidades reguladas”) para hacerlos más responsables y estimularlos a cumplir las leyes y disposiciones sobre medio ambiente.