December 12, 2017
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INTERAMER
Number: 67
Year: 1999
Author: Eloísa Trellez Solís y Gustavo Wilches Chaux
Title: Educación para un futuro sostenible en América Latina y el Caribe

Participación y acción

La participación fue el eje temático del “Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (PNUD) en 1993. Este documento se centró en la existencia de los siguientes “cinco nuevos pilares para un orden mundial centrado en el pueblo” :

1. Nuevos conceptos de seguridad humana que hagan hincapié en la seguridad de la gente y no solo de las Naciones.

2. Nuevas estrategias de desarrollo humano sostenible que centren el desarrollo en la gente y no a la gente en torno al desarrollo.

3. Nuevas relaciones entre el Estado y los mercados, a fin de combinar la eficiencia del mercado con la solidaridad social.

4. Nuevas pautas de gobierno a niveles nacional y mundial.

5. Nuevas formas de cooperación internacional, a fin de centrar la ayuda directamente en las necesidades de la gente, y no en las preferencias de los gobiernos.24

Estas intenciones traen a la mente la declaración que se hizo un año antes en la “Cumbre de Río”. El Principio 10 de la Declaración allí suscrita afirma:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es mediante la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobe los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos.
Los principios 20 y 21 del mismo documento incorporan la necesidad de participación de la mujer y de los jóvenes en los procesos tendientes a construir el desarrollo sostenible.

Parece haber consenso en el sentido de que todos debemos participar como un requisito de la sostenibilidad. Más aún, si se observan las acciones propuestas en la Agenda 21, la cual hace énfasis en una amplia y variada participación en la toma de decisiones. Pero la pregunta es: ¿Cómo podemos participar?

Los hechos nos conducen de nuevo a preguntas: ¿A quiénes se convoca a participar? ¿Para qué, cómo, cuándo y a través de qué mecanismos?

Estudiando los hechos también encontramos que en muchas ocasiones se invita a la población a participar (o a hacer acto de presencia) cuando ya no es posible modificar las decisiones ni el curso de los procesos dentro de los cuales éstas se adoptan. A veces se usa como pretexto la falta de educación y de información para negar a las comunidades la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo el conocimiento que posee la población de sus propias realidades es precisamente lo que la capacita para participar en estos procesos. El fortalecimiento de la educación de la comunidad se puede y se debe dar durante el proceso participativo. Así mismo, y con mayor razón, quienes hoy tienen en sus manos la responsabilidad de tomar las decisiones deben ser conscientes de la necesidad de revisar los criterios con que planifican, ejecutan y evalúan el desarrollo, y de prepararse para manejar, en la teoría y en la práctica, los conceptos que sustentan el desarrollo sostenible.

Así, la participación para la acción y la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible son dos procesos que deben estar articulados. Para ello, se precisa de una verdadera voluntad política que abra espacios participativos a los diversos actores y sectores de la sociedad, y que conciba la democracia en su perfil real, sustentada en procesos provenientes de la misma comunidad. Además, la participación debe estar expresada explícitamente en mecanismos y vías concretas que legitimen sus resultados en los procesos sin perder su autenticidad.

Como ejemplos de avances hacia una verdadera participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones podemos recordar el trabajo preparatorio y la “Ley sobre Participación Popular”, expedida por el gobierno boliviano en 1994, y apoyada en el marco de una política general del Estado hacia el desarrollo sostenible, que anteriormente ya había sido expresada a través de la creación del “Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente” en 1992; así como también la formulación de una política sobre “Promoción de la participación de la sociedad civil” en Colombia.25

Los conceptos de comunidad y de participación característicos de América Latina y el Caribe provienen de la herencia cultural de la región, manifestada en los escritos del Popol Vuh (o “Libro Maya de la Comunidad”), en las tradicionales minkas andinas y en otros muchos ejemplos del pensamiento comunitario indígena, donde el trabajo y la participación para el avance de todos se constituyen en propósito y eje de la acción colectiva.

En Norte América, de forma similar, la práctica de democracia política y cultura participativa tiene profundas raíces en la tradición indígena. Thomas Jefferson, quien redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y fue uno de los creadores de la Constitución del país, tomó de manera liberal ideas de la Federación Iroquesa en su búsqueda de inspiración para un nuevo sistema político. Tanto Jefferson como Benjamín Franklin, otro de los creadores de la Constitución, estudiaron las prácticas políticas de la Federación y finalmente incorporaron muchas de ellas en los documentos básicos para el gobierno de los Estados Unidos tales como estipulaciones para denuncias, referéndum, destitución, libertades personales, libertad de expresión y de religión, el principio de igualdad, división del poder y gobierno popular.26 Aún más, el preámbulo a la Constitución de las Naciones Unidas se debe la “Gran Ley de Paz” (Great Law of Peace), la cual gobernó la Confederación Iroquesa en el siglo XVIII.27

En la reorientación de la educación hacia la sostenibilidad en nuestro hemisferio es importante entender que las poblaciones indígenas de las Américas mantuvieron civilizaciones viables por miles de años guiándose en los principios de equidad intergeneracional y balance ecológico. Los miembros de la Confederación Iroquesa Norteamericana vivieron bajo el principio de responsabilidad para con las próximas siete generaciones por la condición de las tierras y los recursos que estas generaciones futuras heredarían.

Es interesante notar que estos principios no estuvieron enraizados en elaborados sistemas educativos, tales como aquellos con los que contamos hoy. Por el contrario, estos principios estuvieron profundamente originados en la cultura y, por lo tanto, fueron observados y practicados por cada miembro de la sociedad desde temprana edad. Desde padres hasta ancianos y hasta héroes legendarios, todos miembros respetados de una comunidad, vivieron en armonía con estos principios, los cuales fueron incorporados a la religión, decisiones políticas, producción alimentaria, cosechas y sistemas de administración de tierras. Esta práctica del pasado demuestra que la reorientación de la educación formal sin una transformación general del contexto cultural no será suficiente para efectuar un cambio en nuestra perspectiva del ambiente. No obstante, la reorientación de la educación es un importante punto de partida.

Reto para el futuro
  • Crear espacios reales y mecanismos de participación para todos los sectores de la comunidad partiendo de la base de realidades, costumbres y tradiciones locales; articular y respaldar estos procesos a través de un aproximación a la educación ambiental que fomente la participación hacia el logro del desarrollo sostenible.