15 de Julio de 2018
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Colección: INTERAMER
Número: 66
Año: 1999
Autor: Christopher R. Thomas
Título: Medio Siglo de la Organización de los Estados Americanos: Panorama de un compromiso regional

III. Fomento de la cooperación técnica

La disposición específica sobre cooperación técnica que incluyen las reformas recientes de la Carta constituye un logro importante y notable, en particular para los Estados menos dotados de la región. Su valor práctico dependerá de su progresivo y sostenido afianzamiento y de que sus disposiciones se traduzcan en proyectos y prioridades de cooperación técnica concretos. La iniciativa que dio lugar a la reforma de Managua fue un brote espontáneo derivado del empeño de todos los Estados miembros por erradicar la pobreza. Los miembros de la CARICOM que integran la Organización aportaron una importante contribución a la elaboración y concreción de esta reforma. A este respecto, el acuerdo consensual en torno a la reforma ha permitido fomentar una creciente conciencia, sensibilidad y alcance cooperativo de la colectividad de Estados miembros en torno a las particularidades de los Estados más pequeños y que más recientemente se incorporaron a la Organización, así como en torno a sus necesidades prioritarias en la esfera económica y social. Dos expresiones concretas de esta conciencia son las siguientes:
i. La constante búsqueda, a través de los instrumentos de la Organización, de un equilibrio estructurado en las negociaciones de comercio para la futura área de libre comercio de las Américas, en relación con las necesidades y los intereses de los Estados pequeños; y

ii. El compromiso de los Estados miembros de elaborar un programa regional para la implementación práctica de medidas que satisfagan las preocupaciones de seguridad de los Estados pequeños.
En ambas esferas, el liderazgo dinámico y prudente de la Delegación de Jamaica (Comercio), la participación activa de la Delegación de México y la dirección pionera y sostenida de la Delegación de Antigua y Barbuda (Seguridad) han sido reconocidos y encomiados en toda la región. El CIDI fue creado a nivel ministerial y constituye un importante foro de diálogo y acción a la altura de los demás mecanismos interministeriales.

La tercera iniciativa de comienzos de los noventa es el compromiso de eliminar la pobreza. Esta iniciativa emanó del período extraordinario de sesiones que la Asamblea General celebró en la Ciudad de México en febrero de 1994 y es particularmente significativo en dos aspectos: en primer lugar, recalca la necesidad de aliviar y erradicar la pobreza como requisito imperioso para el desarrollo económico de la región. Segundo, establece un mecanismo regional a través del cual debe asumirse ese imperativo. El mecanismo fue descrito con gran sentido práctico en la nueva cooperación solidaria para el desarrollo. La Declaración que emanó de ese período extraordinario de sesiones se titula “Compromiso para impulsar la cooperación solidaria y la superación de la pobreza”. En la Declaración se reconoce:
La democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos son conceptos interdependientes que se refuerzan entre sí, y que el desarrollo integral y la superación de la pobreza extema constituyen una prioridad para el ejercicio de esos derechos.6
Establece, asimismo, el compromiso siguiente:
Impulsar la cooperación solidaria para el desarrollo como objetivo fundamental de la OEA y como instrumento idóneo para apoyar colectivamente los esfuerzos nacionales en favor del desarrollo y, en particular para contribuir a la superación de la pobreza extrema en el Hemisferio.7
El contexto general de política y las prioridades de las decisiones del período extraordinario de sesiones de la Asamblea en relación con esta Declaración dispone, entre otras cosas, lo siguiente:
La cooperación solidaria para el desarrollo, debe adquirir una nueva dimensión que abarque a todos los países, independientemente de sus niveles de desarrollo. Esto implica superar el concepto tradicional de tipo asistencial, para desarrollar programas de cooperación solidarios que, sin pretender imponer modelos, apoyen las medidas económicas y sociales que tomen los países, en especial para combatir la pobreza extrema.8
Puede establecerse con claridad un hilo conductor desde la primera reforma institucional económica y social de la Carta de la Organización, en 1967, y a través de las recomendaciones de los grupos de estudio: 1975, 1981 y 1991, las demás iniciativas generales de desarrollo, el Protocolo de Washington, el Protocolo de Managua y los mandatos y decisiones de la Asamblea General en el período extraordinario de sesiones de la Ciudad de México, en 1994. Este hilo conductor establecería con claridad la elevación del elemento humano como pieza central del desarrollo, la necesidad de brindar recursos suficientes y de forjar un mecanismo institucional adecuado para ejecutar esta tarea a cabalidad; el reconocimiento de que el objetivo central de los empeños regionales debe ser primordialmente el individuo; que la cooperación técnica debe diseñarse y orientarse estructuralmente a los grupos de la sociedad más vulnerables y menos protegidos, a través de un enfoque de desarrollo integrado; que el avance económico y social debe fundarse en la justicia social; que sólo un ecumenismo social puede ser la verdadera base de un orden humano radicalmente nuevo, y que el futuro de la región debe articularse de acuerdo con estos postulados. Esta nueva articulación del futuro del hemisferio debe garantizar necesariamente la debida atención a la incorporación de la mujer, la juventud, las minorías y los mental y físicamente discapacitados en el nuevo emprendimiento de desarrollo. En el pasado, la necesidad de incorporar a estos grupos en todos los aspectos de la programación de la Organización ha sufrido carencias que deben corregirse con urgencia.

La posición que acaba de describirse fue recientemente reforzada por los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio en el curso de la recientemente concluida Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Chile en abril de 1998. En su plan de acción se convino:
Examinarán las leyes existentes y su implementación para identificar los obstáculos que limitan la plena participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural en nuestros países. Cuando sea necesario, impulsarán reformas o una nueva legislación para eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y para garantizar la protección de los derechos de la niñez.9
También expresaron el compromiso de que:
Darán especial atención a la incorporación de grupos socialmente marginados, incluidas las mujeres, las minorías, la juventud, los discapacitados y otras poblaciones vulnerables, a la fuerza laboral, así como los servicios ofrecidos por los Ministerios del Trabajo que tomen en consideración sus especiales necesidades.10
En el contexto de este marco general de desarrollo regional, la Asamblea General, en el período extraordinario de sesiones de México, adopta una posición clave en el compromiso de la Organización con la región. La Asamblea General confirmó la necesidad de lograr la igualdad social, renovó el compromiso de la región con esa causa, reconoció implícitamente las deficiencias en la realización de este amplio objetivo y prescribió la participación de la red más amplia de protagonistas sociales como colaboradores solidarios indispensables en la consecución de ese emprendimiento regional. A este respecto, postuló en esencia la acción más oportuna de la Organización como catalizador y facilitador en la estructuración de un emprendimiento cooperativo vasto, con el máximo alcance en la cooperación interamericana y global.

El Protocolo de Managua y la Asamblea General en su período extraordinario de sesiones de México tienen un carácter central en este nuevo impulso de desarrollo económico y social en la región. Tanto el Protocolo como esa reunión de la Asamblea abarcan un temario sumamente amplio en las esferas económica y social. En Managua se volvió, entre otras cosas, sobre las cuestiones del comercio y el turismo, que en 1967 fueran consideradas áreas prioritarias en la Declaración de Puerto España, y abordaron ambas cuestiones dentro del marco totalmente integral de desarrollo regional. El Protocolo de Managua también promueve la profundización y ampliación de los acuerdos de cooperación dentro y fuera del hemisferio para otorgar la máxima proyección y alcance a la cooperación técnica. La Declaración que formuló la Asamblea en su período extraordinario de sesiones de México, en 1994, complementa el contenido del Protocolo de Managua e identifica y crea los mecanismos funcionales de una cooperación solidaria más amplia para la consolidación y promoción del desarrollo de la región. El carácter complementario de ambos instrumentos pone de relieve que la agenda hemisférica de los noventa y sus atribuciones informan la Nueva Visión de la Organización que fuera promulgada en el vigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General por la Declaración de Montrouis (Haití, 1995).